CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (XPFM).- Apenas unos meses después de haber impulsado y celebrado la reforma para limitar las llamadas “pensiones doradas”, el propio Gobierno federal reconoció que uno de los ejes centrales de la modificación constitucional contiene una contradicción jurídica que impide su aplicación. La admisión provino de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, lo que exhibe deficiencias en una iniciativa que fue aprobada sin cambios por la mayoría oficialista en el Congreso.
De acuerdo con información difundida por el periódico Reforma, en un oficio fechado el 9 de junio la consejera jurídica Luisa María Alcalde concluyó que la reforma al artículo 127 de la Constitución establece dos criterios incompatibles.
Uno de ellos fija como límite para las remuneraciones de los servidores públicos el salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, al mismo tiempo pretende restringir las pensiones a sólo la mitad de ese ingreso. La funcionaria explicó que ambas disposiciones no pueden coexistir, debido a que las pensiones se calculan con base en el salario percibido durante la vida laboral.
El reconocimiento implica, en los hechos, que el tope equivalente al 50 por ciento del salario presidencial quedó sin posibilidad de aplicarse, pese a que fue presentado como uno de los principales objetivos de la reforma enviada por el Ejecutivo. En consecuencia, las dependencias federales continúan pagando pensiones con un límite equivalente a la remuneración íntegra de la presidenta, actualmente de 134 mil 290 pesos netos mensuales.
El caso también pone bajo escrutinio el proceso legislativo con el que Morena y sus aliados aprobaron la reforma. La iniciativa avanzó en ambas cámaras sin modificaciones de fondo y sin que las comisiones dictaminadoras detectaran la incompatibilidad que ahora reconoce el propio gobierno. En su momento, el Senado sostuvo que el nuevo esquema era proporcional, respetaba los derechos de los jubilados y fortalecía los principios de austeridad republicana, argumentos que quedaron debilitados tras la interpretación emitida por la Consejería Jurídica.
La reforma fue promovida por la presidenta Sheinbaum el pasado 3 de marzo, cuando la Consejería Jurídica estaba encabezada por Esthela Damián. Tras la salida de la funcionaria y el nombramiento de Luisa María Alcalde el 30 de abril, fue la nueva titular quien terminó reconociendo la inconsistencia normativa y estableciendo el criterio que, en la práctica, modifica el alcance de una disposición ya incorporada a la Constitución.
Más allá del debate sobre el monto de las pensiones, el episodio abre cuestionamientos sobre la calidad técnica de las reformas impulsadas por la mayoría oficialista. Una iniciativa presentada como un símbolo del combate a los privilegios terminó evidenciando fallas de diseño legislativo que el Congreso no detectó durante su aprobación y que ahora el propio Ejecutivo ha tenido que corregir mediante criterios administrativos, dejando sin efectos una parte sustancial de la reforma constitucional.
