Habitantes de San Pedro el Alto, Oaxaca, acudieron al Senado de la República para denunciar el desplazamiento forzado de 200 familias debido a invasiones territoriales y ataques armados por parte de pobladores de Santo Domingo Teojomulco, acusando al gobierno de Salomón Jara de negligencia criminal.
Colapso de la seguridad en Zimatlán
La comunidad de San Pedro el Alto ha perdido el control de aproximadamente 17 mil hectáreas, lo que representa el 60 por ciento de su propiedad comunal total, ante la inacción de las autoridades estatales y federales.
- Invasiones sistemáticas: Desde 2013, habitantes de Santo Domingo Teojomulco ejecutan despojos mediante el uso de armas largas.
- Daño patrimonial: Los invasores han destruido maquinaria, herramientas y saqueado madera en rollo para forzar la cesión de tierras.
- Acciones de grupos criminales: Se reporta la quema de hogares, la destrucción de la escuela local y amenazas de muerte permanentes contra los comuneros.
- Ausencia estatal: La Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad locales brindan patrullajes intermitentes que no garantizan la integridad de los habitantes.
Ley de desplazamiento: un instrumento sin operatividad
A pesar de la existencia de una legislación local en materia de desplazamiento forzado, los representantes legales de la comunidad califican el marco jurídico actual como letra muerta debido a la falta de ejecución gubernamental.
- Sanción de la normativa: La ley fue aprobada en septiembre de 2025, pero los mecanismos de protección social, económica y laboral son inexistentes.
- Respuesta gubernamental denigrante: Tras presentar 21 denuncias formales entre septiembre de 2025 y julio de 2026, el gobierno entregó únicamente 21 cobijas y 21 despensas para 200 familias desplazadas.
- Impunidad agraria: A pesar de contar con fallos favorables en dos instancias de tribunales agrarios, la tercera resolución se mantiene pendiente mientras el despojo se profundiza.
Implicaciones del régimen de Salomón Jara
Legisladores y asesores jurídicos vinculan el conflicto de San Pedro el Alto con un entramado de despojo orquestado desde la estructura política del estado de Oaxaca.
- Responsabilidad directa: El diputado Gibrán Ramírez señaló que el gobierno estatal, bajo la gestión de Salomón Jara, ha propuesto a los desplazados “regalar su tierra a cambio de paz” en lugar de aplicar el Estado de derecho.
- Intereses económicos: El despojo en el territorio rural se identifica como parte de un sistema de invasiones que operan bajo la complicidad o tolerancia de las autoridades de gobierno.
- Exigencia federal: Se requiere la intervención urgente de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar un escenario de asesinatos múltiples en la zona.
