CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (XPFM).- La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para impedir que las personas inscritas como deudoras alimentarias puedan ocupar cargos públicos, de elección popular o desempeñar funciones en organismos autónomos y alcaldías de la capital. La propuesta, impulsada por el diputado Alberto Martínez Urincho, pretende reforzar los requisitos de elegibilidad para quienes aspiren a integrarse al servicio público.
El proyecto plantea modificar el artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México para establecer que toda persona interesada en acceder a un cargo público deberá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. La restricción abarcaría a aspirantes a puestos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en organismos autónomos, alcaldías e instituciones con autonomía constitucional.
La iniciativa también contempla que no podrán ocupar estos cargos quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme por delitos sexuales, violencia de género o violencia familiar. De acuerdo con el legislador, quienes ejercen funciones públicas deben cumplir con principios de legalidad, honradez, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, mérito, eficacia y equidad, además de mantener una conducta acorde con la responsabilidad que implica representar a la ciudadanía.
Morena argumentó que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias constituye una forma de violencia económica que afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. En la exposición de motivos se señala que el pago de pensiones alimentarias está directamente vinculado con derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la educación y el desarrollo integral de los menores.
Como respaldo a la propuesta, el documento cita cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de organizaciones civiles, según las cuales tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria. Además, sostiene que el 67.5 por ciento de las madres solteras enfrenta sin apoyo el incumplimiento económico de sus exparejas, situación que incrementa la carga financiera y de cuidados sobre ellas.
La iniciativa será turnada a comisiones del Congreso capitalino para su análisis y eventual dictaminación. De ser aprobada, la reforma incorporaría el cumplimiento de obligaciones familiares y la ausencia de antecedentes por violencia como requisitos para acceder al servicio público en la Ciudad de México, ampliando el alcance de las reformas conocidas como “3 de 3 contra la violencia”, orientadas a impedir que personas deudoras alimentarias o con antecedentes de violencia familiar, sexual o de género ocupen cargos públicos.
