Morena y sus aliados dieron el visto bueno para los cambios que se harán a las leyes estatales para la reforma de la elección judicial local.
TOLUCA, Estado de México, julio 14 (XPFM). -La presidente de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, Martha Azucena Camacho, señaló que la aprobación de las reformas a la Constitución estatal con la reforma federal en materia de elección judicial permite al Congreso fortalecer el marco constitucional para la elección de personas juzgadoras y avanzar hacia una justicia más cercana a la población.
A partir de la reforma que establece concluir la renovación del Poder Judicial estatal mediante los comicios del primer domingo de junio de 2028, en lugar de 2027, impulsada por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez.
Martha Camacho, coordinadora parlamentaria de morena, detalló que se contará con procesos transparentes, reglas claras, mecanismos eficaces de evaluación y una rendición de cuentas efectiva para quienes tienen la responsabilidad de juzgar.
“Esta LXII Legislatura reafirma su compromiso con el Estado de Derecho, con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y, sobre todo, con el derecho de las y los mexiquenses a una justicia más cercana, más confiable y más humana.
“En congruencia con la ley fundamental, la elección de personas juzgadoras del Estado de México se llevará a cabo en el año 2028, con reglas más claras, procedimientos transparentes y mecanismos efectivos de evaluación y rendición de cuentas, como planteó la iniciativa que se aprobó”, resaltó.
Tras señalar que se trata de una de las reformas más trascendentales de los últimos años de la vida institucional del país porque promueve la transformación del Poder Judicial, detalló que entre sus beneficios están los plazos para la emisión de las convocatorias y los procesos de elección judicial, estableciendo una temporalidad acorde con la complejidad de las etapas de evaluación, selección y postulación a las candidaturas.
Añadió también la creación de la figura de una comisión coordinadora integrada por las personas representantes de los comités de evaluación de los tres poderes del Estado y la incorporación de un nuevo esquema de organización territorial de las elecciones judiciales mediante regiones judiciales electorales y distritos judiciales electorales.
También, a su criterio, se fortalecen las disposiciones relativas a la integración de las boletas electorales judiciales, incluyendo elementos que permitan a la ciudadanía identificar con claridad la especialidad jurisdiccional correspondiente, el poder postulante y la condición de la persona juzgadora en funciones cuando así sea el caso.
Se elimina la discrecionalidad en la cobertura de vacantes; se fortalece el principio de legitimidad democrática derivado de la voluntad ciudadana expresada en las urnas; y se refuerzan las atribuciones del poder del Tribunal de Disciplina Judicial en materia de evaluación del desempeño, capacitación y actualización permanente de las personas juzgadoras electas.
