CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (XPFM).- Con el tamaño de un escándalo que deja en la sombra a los casos Odebrecht y Segalmex —considerados hasta ahora los episodios de corrupción más emblemáticos del México reciente—, el llamado “huachicol fiscal” se ha consolidado como la mayor red de desfalco documentada en el país. De acuerdo con el periodista Raúl Olmos, autor del libro “Huachicol fiscal, la madre de todas las estafas”, el monto defraudado al erario público ya supera holgadamente los 700 mil millones de pesos, una cifra que, en comparación directa, rebasa con creces los recursos comprometidos en los sonados casos de la constructora brasileña y el desfalco de la paraestatal alimentaria.
Mientras que Odebrecht sacudió al sistema político con sobornos que rondaron los varios cientos de millones de dólares y Segalmex dejó un boquete de miles de millones de pesos, esta trama los supera no solo en el monto económico, sino en la complejidad y capilaridad de sus operaciones.
“Fácilmente supera los 700 mil millones de pesos”, sentenció Olmos, al actualizar su cálculo inicial que partía de 600 mil millones, y colocó este fraude muy por encima de aquellos casos que hasta ahora ocupaban los primeros lugares en el imaginario de la corrupción nacional. Pero el dato cuantitativo, por sí mismo, no es lo único que distingue a este entramado.
Lo que convierte a este esquema en un fenómeno inédito, según el analista, es la convergencia de tres fuerzas que rara vez se articulan con tal grado de simbiosis: el poder político gubernamental, el poder económico del sector empresarial y el poder operativo del crimen organizado. Esta alianza, que Olmos describe como el sello distintivo del caso, lo separa radicalmente de otros delitos de cuello blanco donde suelen aparecer funcionarios y empresarios, pero no siempre cárteles con la capacidad logística, financiera y de cooptación que exige mover millones de litros de hidrocarburo fuera de los canales legales.
El mecanismo: una estafa que viaja en ferrocarril y se oculta en etiquetas químicas
La red opera con una sofisticación que ha evolucionado más allá de la simple evasión fiscal. Los operadores, explica Olmos, ampliaron el espectro de fracciones arancelarias hasta abarcar insumos químicos e incluso alimenticios, declarando aditivos o lubricantes cuando en realidad ingresaban diésel y gasolinas. El fraude no comienza en México: el periodista documentó facturas de empresas con sede en Texas donde el producto ya figuraba con etiquetas falsas antes de cruzar la frontera, lo que añade un componente binacional que complejiza cualquier investigación.
El volumen físico de la operación ilícita ayuda a dimensionar por qué este caso deja atrás a Odebrecht y Segalmex. La red se mueve en escalas industriales: un tractocamión puede transportar entre 32 mil y 50 mil litros; un buque, hasta 20 millones. Esta capacidad requiere infraestructura ferroviaria, portuaria y de almacenamiento que, necesariamente, exige permisos, tolerancia o ausencia de inspecciones por parte de las autoridades.
“No se puede entender esta trama de corrupción sin una gran participación de distintos niveles de gobierno”, afirma el periodista.
Los decomisos que revelan la magnitud
Los aseguramientos más grandes registrados durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum confirman la escala del negocio. En conjunto, los seis mayores decomisos suman al menos 40.4 millones de litros de hidrocarburo, con un valor comercial potencial cercano a los 972 millones de pesos. Coahuila encabeza la lista con 15.4 millones de litros localizados en Ramos Arizpe y Saltillo; le siguen Tampico y Altamira, con 10 millones de litros vinculados al buque Challenge Procyon; Ensenada, con casi ocho millones; y operativos en Tabasco, Nuevo León y Veracruz que completan el panorama.
A esta evidencia se suman los expedientes abiertos por las autoridades. Desde enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha integrado 109 expedientes penales con un perjuicio estimado en 22 mil 843 millones de pesos, además de 205 verificaciones con mercancía ilegal y 22 mil 352 contribuyentes suspendidos del padrón de importadores. La Fiscalía General de la República, por su parte, reportó que 144 millones de litros de huachicol cruzaron México entre junio y julio del año pasado.
La advertencia final: un caso sin responsables principales
A pesar de la dimensión del desfalco, que deja en segundo plano a los escándalos de corrupción anteriores, el periodista lanzó una advertencia que resuena con fuerza: si las indagatorias no logran escalar hasta identificar a los beneficiados en los niveles más altos del poder económico, político y criminal, el país podría quedar nuevamente ante un expediente de corrupción monumental sin responsables principales. El desafío, pues, no es solo cuantificar el daño —que ya supera con creces a Odebrecht y Segalmex—, sino desentrañar las cúpulas que permiten que esta “madre de todas las estafas” siga operando a plena vista.
Fuente: La Razón de México
