CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (XPFM).- A más de dos meses de que Rubén Rocha Moya solicitara licencia al gobierno de Sinaloa y desapareciera del ojo público, su reaparición en redes sociales la semana pasada no ha pasado desapercibida. Y menos para el PAN, que esta semana lanzó una acusación directa: Morena y el Gobierno Federal ya preparan el terreno para que el gobernador con licencia retome el cargo como si nada hubiera pasado, sin que las investigaciones en su contra hayan llegado a resolución alguna.
Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del partido blanquiazul, fue contundente en su diagnóstico. A su juicio, Rocha Moya no volvió a la escena pública porque haya demostrado inocencia o porque los señalamientos —incluidas las acusaciones provenientes de Estados Unidos, los presuntos vínculos con el crimen organizado en el proceso electoral de 2021 y las irregularidades en el asesinato de Héctor Melesio Cuén— se hayan desvanecido. Regresó, dijo Romero, “envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido”. Y esa protección, según el panista, no es otra cosa que una decisión política del oficialismo para allanarle el camino de vuelta a la gubernatura.
El cálculo político detrás de esta maniobra, de acuerdo con el PAN, es tan simple como perverso: aprovechar que Rocha Moya pidió licencia temporal y no renunció a su cargo —lo que jurídicamente mantiene viva su posibilidad de reincorporación— para devolverlo al poder sin que el expediente judicial avance ni se aclaren las sospechas que pesan sobre su administración.
“No estamos pidiendo que se condene a nadie sin juicio. Exigimos exactamente lo contrario: que se investigue, que se transparente el procedimiento y que no se utilicen las instituciones mexicanas para fabricar impunidad”, señaló Romero.
El mensaje panista apunta a un punto clave: la diferencia entre una licencia justificada por un proceso legal abierto y una pausa estratégica para esperar que la opinión pública olvide. Los señalamientos de la DEA, las fotos con capos, el expediente sin cerrar de Cuén —quien fue asesinado mientras estaba citado con el propio Rocha Moya— y las irregularidades detectadas en aquella elección de 2021 siguen sin respuesta contundente. Para el PAN, el silencio institucional de estos meses no es inocuo: es el tiempo que el poder necesita para recomponer el escenario y restaurar a su operador en Sinaloa.
El diputado federal y vocero del partido, Ernesto Sánchez, profundizó la crítica con una reflexión que apunta a la cultura política del morenismo.
“En Morena creen que el tiempo todo lo cura. No basta con desaparecer unos meses, guardar silencio y volver a escena como si los señalamientos nunca hubieran existido.” Su advertencia es escalofriante en sus términos: si Rocha Moya regresa sin que las investigaciones concluyan, quedará demostrado que el mejor blindaje político en la Cuarta Transformación no es la verdad, sino pertenecer al círculo correcto.
Lo que el PAN exige, en concreto, no es la inhabilitación automática del gobernador con licencia, sino que la Fiscalía General de la República informe públicamente el estado de las investigaciones y que el Congreso de Sinaloa precise el procedimiento legal que debería activarse si Rocha decide volver. La demanda, en apariencia técnica, es en realidad una apuesta política: poner a las autoridades en la disyuntiva de explicar por qué, si hay señalamientos tan graves, el camino de regreso parece tan despejado.
Pero detrás de la denuncia formal hay un relato que el PAN no deja de alimentar: la idea de que Sinaloa, durante la gestión de Rocha Moya, se ha convertido en un “narcoestado” donde el poder público y el crimen organizado operan como socios. Si el gobernador vuelve sin que se hayan esclarecido los vínculos, la señal que se manda a la ciudadanía es demoledora: la impunidad no es una falla del sistema, sino un mecanismo que se activa cuando se tiene el respaldo suficiente.
El tiempo, por ahora, corre a favor del silencio. Rocha Moya no ha hablado en profundidad sobre su regreso, ni la FGR ha dado señales de que los expedientes avancen, ni el Congreso de Sinaloa ha fijado postura sobre el trámite que correspondería.
Pero en el PAN ya dieron por hecho que la operación política está en marcha. Y advierten: si el regreso se concreta en las condiciones actuales, no será porque las dudas se hayan disipado, sino porque el poder decidió que era momento de cerrar filas y restaurar a uno de los suyos, aunque el costo sea la credibilidad del Estado de derecho.
