CIUDAD DE MÉXICO, abril 09 (XPFM).- La paciencia y la compra de tiempo, en el arte de la impunidad, comenzarán a ser la mejor estrategia de los corruptos. Quien robe dinero público ya no tendrá que esconderse para siempre: bastará con resistir, alargar procesos, jugar con los plazos… y dejar que el tiempo termine por borrar la deuda con la justicia.
Ese es, en esencia, el mensaje que dejó este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver un caso originario de Colima.
Con seis votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte determinó que el delito de peculado —esto es, el desvío o robo de recursos públicos— sí prescribe, invalidando una disposición local que lo consideraba imprescriptible.
El fallo no llegó en abstracto, sino empujado por un caso concreto: la exalcaldesa de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León, y la extesorera municipal María de los Ángeles Sosa Chávez, acusadas de desviar más de 25 millones de pesos entre 2017 y 2018, lograron que la Corte les diera la razón al menos en un punto central: no se puede mantener a una persona bajo la amenaza perpetua de un proceso penal.
“Un gobernado no puede permanecer indefinidamente en la incertidumbre”, argumentó el ministro Giovanni Figueroa Mejía. El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, secundó la idea: la imprescriptibilidad, dijo, debe reservarse para crímenes de lesa humanidad, no para el saqueo de las arcas nacionales.
La ministra María Estela Ríos González intentó matizar: hay que sancionar el desvío, sí, pero también evitar que estos delitos se utilicen como ariete político; es decir, reconoció que hay persecución política en México.
La persecución política “también se da en nuestro país. Ni modo, así es”: puntualizó.
En el extremo opuesto, las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra. Su advertencia fue clara: limitar la persecución del peculado es abrirle la puerta a la impunidad en un país donde la corrupción ya ha hecho metástasis.
El resultado, en los hechos, es brutal. Les concedió a las quejosas un respiro jurídico que otros podrán replicar. El mensaje implícito es demoledor: al político corrupto ya no lo vence la ley, lo vence el reloj. Y mientras los expedientes envejezcan, los mexicanos seguirán pagando la factura de lo robado: hospitales que no se construyen, salarios que no se cubren, obras que nunca llegan.
La justicia, al menos en materia de peculado, ahora tiene fecha de caducidad. El tiempo, en este país, empieza a jugar del lado de quienes saquean lo público y tienen el dinero para prolongar los juicios.
