CIUDAD DE MÉXICO, marzo 02 (XPFM).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se alista para un debate crucial que podría transformar el sistema de justicia en México, al analizar la figura de la prisión preventiva oficiosa.
El cuestionamiento central es si una persona puede ser enviada automáticamente a la cárcel antes de ser declarada culpable, un mecanismo actualmente previsto para delitos que van desde el robo a casa habitación hasta el feminicidio, la corrupción, la desaparición forzada, el terrorismo y los delitos relacionados con fentanilo.
La resolución a la que debe llegar la Corte mexicana surge como una respuesta obligada a dos sentencias contundentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el caso Tzompaxtle Tecpile, tres hombres pasaron casi tres años en prisión preventiva tras ser detenidos en Veracruz por una avería en su automóvil y al final resultaron inocentes, por lo que la CIDH determinó que el Estado no puede detener personas “para investigar” y ordenó eliminar figuras como el arraigo. En el caso García Rodríguez, Daniel García y Reyes Alpízar permanecieron 17 años en prisión preventiva en el Estado de México sin recibir una sentencia, el período más largo de encarcelamiento preventivo en la región.
Por ambos casos, la CIDH fue tajante al declarar que este sistema es contrario a la libertad y a la presunción de inocencia, ordenando a México modificar su marco legal.
El tribunal internacional ha sido enfático al señalar que la aplicación de la “cárcel automática” en México viola la presunción de inocencia y constituye un castigo anticipado, por lo que los ministros de la SCJN deberán resolver una tensión constitucional de primer orden.
Deberán determinar si el extenso catálogo de delitos del artículo 19 constitucional debe seguir aplicándose de forma automática, o si los jueces deben analizar cada caso de manera individual privilegiando la libertad como regla general.
La resolución del máximo tribunal implicará que el Ministerio Público deberá trabajar con mayor solidez, pues ya no bastará con imputar un delito grave para justificar el encierro, sino que se deberá probar ante un juez la necesidad real de la medida cautelar, en una decisión que impacta directamente en los derechos de cualquier ciudadano y definirá si México transita hacia un modelo donde la libertad sea la regla y la cárcel la excepción.
