InicioNacionalSCJ del "pueblo" con camionetas de 1.7 mdp

SCJ del “pueblo” con camionetas de 1.7 mdp

Esto contrasta con el discurso cuatroteísta que hizo popular el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que "a los funcionarios honestos los protege el pueblo" y de que "el que nada debe nada teme".

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CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (XPFM).- El columnista Salvador García Soto dio a conocer en redes sociales la adquisición de nueve camionetas tipo Jeep por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al señalar que este tipo de unidades tiene un valor aproximado de 1.7 millones de pesos.

Además, cuestionó el nivel de protección de los vehículos, pues afirmó que el blindaje con el que cuentan es nivel cinco, el cual puede llegar a costar alrededor de dos millones de pesos por unidad en el mercado.

Esto contrasta con el discurso cuatroteísta que hizo popular el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que “a los funcionarios honestos los protege el pueblo” y de que “el que nada debe nada teme”.

Ante las críticas generadas, la SCJN explicó que la compra forma parte de un proceso de renovación de su parque vehicular, ya que las unidades asignadas a ministras y ministros dejaron de cumplir con los estándares necesarios para garantizar su seguridad e integridad personal, considerando la responsabilidad del cargo que desempeñan.

La Corte detalló que la adquisición se realizó en apego a la normatividad interna vigente desde 2019, la cual establece que los vehículos blindados deben sustituirse cada cuatro años o antes si las condiciones del automotor ya no son seguras.

Dentro del comunicado, la SCJN no desmintió los señalamientos del periodista, ni detalló costos de adquisición, montos por blindaje o algún otro detalle que pudiera aminorar las críticas.

Asimismo, indicó que la decisión contó con opiniones técnicas de autoridades federales, las cuales concluyeron que mantener las unidades anteriores comprometía su operación y nivel de protección.

Finalmente, el máximo tribunal subrayó que la compra se efectuó de manera paralela a la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el objetivo de no generar un gasto adicional y reafirmar su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos, sin poner en riesgo las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional.

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