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4T se lanza contra juez por favorecer a criminales

Las cuestionables resoluciones del juez Crescencio Contreras Martínez fomentan la impunidad y niegan el derecho a la justicia al pueblo de México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 01 (XPFM).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión una denuncia de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas.

En el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad la dependencia informó que tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país, “fomentando así la impunidad” y negando “el derecho a la justicia al pueblo de México”.

“Existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”, señaló la dependencia en un comunicado.

En la denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

“Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”, expresó la Segob.

Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución.