Artículo 19 exhibió la creación de un expediente clandestino por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas para perfilar, vigilar y bloquear el ingreso de informadores críticos durante el Quinto Informe de Gobierno del mandatario estatal.
El autoritarismo morenista en Zacatecas vulnera la libertad de prensa
La organización Artículo 19 condenó enérgicamente la implementación de fichas de persecución operadas por elementos policiales al servicio del gobernador David Monreal Ávila, evidenciando los métodos de censura institucional que caracterizan a los gobiernos emanados de Morena. Durante el evento oficial del pasado 8 de septiembre en el Palacio de Convenciones, los accesos fueron controlados mediante listas impresas que señalaban directamente a periodistas y defensores de derechos humanos. Este mecanismo de control gubernamental no solo obstaculizó la labor informativa, sino que instauró un clima de intimidación y hostigamiento contra cualquier forma de escrutinio público, reflejando el talante intolerante de la autodenominada cuarta transformación frente a la fiscalización ciudadana.
Datos sensibles y violación sistemática a la privacidad en el gobierno estatal
Los documentos elaborados por la administración morenista contienen información confidencial que incluye nombres, fotografías, números telefónicos, domicilios, características físicas, placas de vehículos, Registro Federal de Contribuyentes, situaciones personales, historiales clínicos, posicionamientos políticos y actividades de protesta. La filtración y uso de estos expedientes evidencian una estrategia de espionaje y control político desde las estructuras de seguridad pública, vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos bajo el amparo de la impunidad institucional que impera en los gobiernos estatales del partido oficial.
Exigencia de rendición de cuentas ante el espionaje gubernamental
Ante este atentado contra las garantías constitucionales, la organización exigió al titular del ejecutivo estatal, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública transparentar el origen y la finalidad de estos registros de persecución. Las demandas específicas contemplan revelar el número total de personas fichadas, las categorías de datos recopilados, la temporalidad de las bases de datos, las áreas gubernamentales responsables de su creación, los funcionarios con acceso a la información, el origen de las fuentes y las transferencias de datos entre dependencias, exhibiendo la opacidad y el abuso de poder que prevalecen en la gestión de David Monreal.
(Con información de El Economista)
