CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (XPFM).- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sufrió un nuevo revés judicial luego de que un tribunal federal ordenara reactivar el proceso penal en su contra por el caso Agronitrogenados, una investigación que permanecía suspendida desde 2023. La resolución representa un nuevo impulso para uno de los expedientes de corrupción más emblemáticos del sexenio de Enrique Peña Nieto, tras casi tres años de litigios.
La decisión fue tomada por unanimidad por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, que confirmó la negativa de un amparo a Lozoya y determinó que el exfuncionario no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA).
Con ello, quedó sin efecto la estrategia jurídica con la que la defensa buscaba frenar el procedimiento penal.
Los magistrados concluyeron que el convenio suscrito por Ancira establecía una obligación de carácter mancomunado y no solidario, por lo que el empresario únicamente respondía por su propia responsabilidad y no por la de Lozoya. En consecuencia, el exdirector de Pemex deberá enfrentar nuevamente las acusaciones por la compra con sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
El proceso había sido suspendido el 31 de agosto de 2023, cuando un juez de control del Reclusorio Norte aceptó el argumento de la defensa de Lozoya de que los pagos comprometidos por Ancira —216 millones de pesos como reparación del daño— también debían favorecer al exfuncionario. Sin embargo, la Fiscalía General de la República impugnó esa resolución al sostener que el acuerdo no podía extender sus efectos a un tercero y, además, que el empresario incumplió el calendario de pagos pactado al cubrir únicamente dos exhibiciones.
La reactivación del caso devuelve a los tribunales un expediente que durante años ha sido señalado como un símbolo de la lentitud con la que avanzan los procesos por corrupción de alto nivel en México. A pesar de la gravedad de las acusaciones y del impacto económico de la operación para Pemex, el procedimiento permaneció detenido mientras se resolvían recursos legales promovidos por la defensa del exfuncionario.
La FGR acusa a Emilio Lozoya de los delitos de lavado de dinero, cohecho y ejercicio indebido del servicio público por presuntamente haber recibido 3.4 millones de dólares de AHMSA en 2013 para facilitar la adquisición de Agronitrogenados por parte de Pemex a un precio superior a su valor real.
Con la resolución del tribunal, el caso vuelve a la vía penal y reabre el debate sobre la capacidad de las instituciones para sancionar los presuntos actos de corrupción que marcaron una de las operaciones más cuestionadas de la empresa productiva del Estado.
