CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 09 (XPFM).- Después de más de dos años de violencia en Sinaloa, el Gobierno federal anunció otro nuevo reforzamiento de la estrategia de seguridad, ahora con inversiones millonarias, vehículos tácticos, tecnología de vigilancia y mayor capacidad de inteligencia para Culiacán y Mazatlán.
El nuevo anuncio del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, contrasta con el discurso que durante meses mantuvo la Federación, centrado en destacar detenciones y reducciones estadísticas, mientras la población seguía enfrentando homicidios, desapariciones y enfrentamientos entre grupos criminales. La crisis se intensificó en septiembre de 2024, tras la ruptura entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayitos, luego de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.
Sin embargo, desde Palacio Nacional se insistió en presentar la violencia como una situación con características particulares y se defendió que las fuerzas federales mantenían el control de la estrategia. En diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Sinaloa había tenido una situación de “mucha tranquilidad” antes de la ruptura criminal y sostuvo que el estado no había sido abandonado por el Gobierno federal.
La narrativa oficial también puso el acento en los resultados operativos. En julio de 2026, García Harfuch informó que el promedio diario de homicidios dolosos había disminuido 44 por ciento desde junio de 2025. No obstante, esa reducción porcentual no significaba que la violencia estuviera resuelta ni que la población hubiera recuperado la seguridad. De hecho, en febrero de ese año, cifras presentadas por el propio Gobierno mostraban que el promedio de homicidios había pasado de 1.1 diarios en abril de 2024 a 4.77 a partir de septiembre de ese año, con un repunte que llegó a 6.9 en junio de 2025.
Ahora, el anuncio reconoce la necesidad de reforzar nuevamente la presencia institucional. El paquete contempla alrededor de 900 millones de pesos en equipamiento, cerca de 200 vehículos, unidades blindadas, cámaras y herramientas de comunicación, además de un proyecto de vigilancia para el corredor Culiacán-Mazatlán-Durango. También se prevé fortalecer las capacidades de las policías estatales y municipales.
Uno de los reconocimientos más significativos vino de la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, quien admitió que las autoridades todavía no han conseguido restablecer la paz. La funcionaria reconoció que la confrontación criminal lleva más de dos años y ha dejado vidas perdidas y familias afectadas. Su declaración contrasta con los mensajes oficiales que durante meses destacaron avances y reducciones en los indicadores de violencia.
El nuevo despliegue también deja sobre la mesa una pregunta que las cifras de detenciones y decomisos no responden por sí solas: ¿por qué, después de más de dos años de operativos y miles de elementos federales desplegados, Sinaloa sigue necesitando una intervención de esta magnitud? La presencia de fuerzas federales y los resultados anunciados no han sido suficientes para garantizar condiciones duraderas de seguridad en las zonas más afectadas.
Más que presentar otro paquete de acciones como una solución, el Gobierno federal tendrá que explicar por qué las estrategias anteriores no lograron recuperar la tranquilidad y ofrecer resultados verificables para la población. La crisis de Sinaloa no puede medirse únicamente por porcentajes de reducción o número de detenidos: también debe evaluarse por la capacidad del Estado para proteger a sus habitantes y devolverles la posibilidad de vivir sin miedo.
