CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (XPFM).- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) abrió dos expedientes por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que suman más de 563 millones de pesos. Las investigaciones involucran a tres exfuncionarios del organismo que actualmente ocupan cargos directivos en el partido Somos México, encabezado por antiguos integrantes de la estructura electoral.
Entre los señalados se encuentran Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del INE; Roberto Heycher Cardiel Soto, quien encabezó la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y Ana Laura Martínez de Lara, exdirectora ejecutiva de Administración. Los dos últimos ocupan actualmente las secretarías de Operación Electoral y Alianzas, y de Administración y Finanzas del Comité Nacional de Somos, respectivamente.
Uno de los expedientes, identificado como INE/OIC/INV/802/2024, documenta un presunto pago irregular de 413.2 millones de pesos a Talleres Gráficos de México por la impresión y distribución de boletas, materiales didácticos y gafetes para las elecciones federales de 2018. El convenio fue firmado el 30 de octubre de 2017 y contó con la participación de las áreas encabezadas entonces por Cardiel Soto, mientras que Jacobo Molina autorizó los pagos como representante legal del instituto.
De acuerdo con la investigación del Órgano Interno de Control, el convenio estableció una supuesta aportación inicial equivalente al 100 por ciento del contrato, pese a que la normativa contemplaba un límite máximo de 50 por ciento para anticipos. El INE liquidó los 413.2 millones de pesos el 7 de diciembre de 2017, pero las primeras entregas de los materiales ocurrieron hasta el 20 de febrero de 2018. Los investigadores también identificaron el presunto uso de formatos de recepción simulados para justificar administrativamente los desembolsos antes de recibir los bienes y servicios.
El segundo procedimiento corresponde a la licitación LP-INE-14/OP/2022, por casi 150 millones de pesos, para construir la sede de la Junta Local Ejecutiva del INE en Nuevo León. En este caso aparece Ana Laura Martínez de Lara, quien habría participado en el procedimiento de adjudicación a favor de Supervisora y Constructora Medina, empresa que inicialmente no presentó toda la documentación fiscal requerida.
Aunque el plazo para entregar propuestas concluyó el 22 de diciembre de 2022, el 31 de enero de 2023 funcionarios del INE solicitaron a la constructora, mediante correo electrónico, completar las declaraciones provisionales del ISR y del IVA que había omitido. La compañía envió los documentos ese mismo día y su propuesta fue declarada solvente, por lo que obtuvo el contrato por 149.9 millones de pesos, más IVA. Para las autoridades investigadoras, permitir que completara su documentación después del cierre de la convocatoria habría vulnerado las condiciones de igualdad frente a los demás participantes.
Ambas investigaciones apuntan a posibles faltas administrativas graves, previstas en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los expedientes están en manos del TFJA, que deberá determinar si existieron responsabilidades individuales y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes. Los montos involucrados superan conjuntamente los 563 millones de pesos, en operaciones realizadas cuando los funcionarios señalados ocupaban puestos de responsabilidad dentro del organismo electoral.
Con información de La Jornada y Espejo del Poder.
