La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad la validez del Decreto 164 y la Ley de Ingresos 2026 de Guanajuato, permitiendo al Ejecutivo estatal contratar financiamiento por 4,000 millones de pesos, desestimando los argumentos de inconstitucionalidad presentados por la minoría parlamentaria.
Aval judicial al esquema de financiamiento local
El máximo tribunal determinó que el sistema normativo estatal cumple con los controles democráticos necesarios para la contratación de deuda.
La resolución del pleno de la SCJN ratifica la legalidad del artículo segundo del Decreto 164 y el artículo 1, apartado E, de la Ley de Ingresos del estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2026. La ponencia, a cargo de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, establece que el Congreso local ejerció correctamente sus facultades de control democrático. El fallo neutraliza la Acción de Inconstitucionalidad 22/2026, la cual alegaba que los decretos infringían el artículo 117 de la Constitución Federal al carecer de una precisión exhaustiva sobre las obras.
Destino de los recursos y capacidad de pago
El gobierno estatal tiene la facultad de ejercer los 4,000 millones de pesos tras acreditar la viabilidad financiera del estado.
La sentencia detalla que el proceso de autorización incluyó un análisis técnico previo sobre la capacidad de pago de Guanajuato. La normativa establece que el capital obtenido debe destinarse exclusivamente a proyectos de inversión pública productiva, abarcando sectores clave para la entidad:
- Infraestructura y equipamiento educativo: proyectos destinados a la mejora de centros escolares.
- Desarrollo social y sustentable: programas enfocados en el bienestar y la preservación ambiental.
- Movilidad regional: optimización de redes de transporte y conectividad.
- Inversión pública para el campo: capital orientado a la tecnificación y producción rural.
- Atención médica: fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y servicios de salud.
- Seguridad pública: blindaje y dotación de recursos para el combate a la delincuencia.
El criterio constitucional sobre el control legislativo
La SCJN aclaró los alcances del artículo 117 constitucional frente a las facultades de las legislaturas locales.
El tribunal concluyó que la Constitución Federal no obliga a los congresos estatales a detallar minuciosamente cada obra o acción específica antes de autorizar un empréstito. La exigencia constitucional se limita a que el poder legislativo autorice los conceptos y los montos máximos, garantizando que exista un ejercicio de fiscalización sobre el destino de los fondos y la solvencia del estado. Este precedente jurídico clarifica los límites del control parlamentario en materia de deuda pública local y su compatibilidad con el marco constitucional vigente.
