La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó, por mayoría de votos, los cobros que municipios de Michoacán aplicaban por entregar información pública. Esta decisión fortalece el principio constitucional de gratuidad para el acceso ciudadano a datos estatales y mandata al Congreso local la adecuación normativa.
La Suprema Corte revierte el esquema de cuotas por información
El Pleno de la Corte dictaminó inconstitucional el cobro de cuotas por información pública en Michoacán, vulnerando el derecho fundamental de gratuidad.
El máximo tribunal del país, con una mayoría de siete votos, determinó la inconstitucionalidad de las tarifas de acceso a la información pública en Michoacán. Esta resolución del Pleno representa un revés decisivo para diversas administraciones municipales al desmantelar sus leyes de ingresos que contemplaban el cobro por este servicio esencial. La sentencia refuerza el principio de gratuidad, un pilar fundamental del derecho ciudadano al conocimiento y la transparencia gubernamental.
La controversia jurídica surgió de una acción de inconstitucionalidad. Esta fue interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra las disposiciones de las leyes de ingresos municipales del estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2026. Las normativas impugnadas establecían diversas modalidades de cobro, afectando la entrega de información digitalizada, ya sea por hoja, mediante tarifas fijas en discos compactos o incluso cuando el solicitante proporcionaba su propio dispositivo de almacenamiento.
Fundamentos de la inconstitucionalidad y el principio de gratuidad
La Ministra Loretta Ortiz Ahlf estableció que solo se puede recuperar el costo material de reproducción, no gravar la información misma.
De acuerdo con el proyecto presentado por la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, el principio de gratuidad en el acceso a la información pública posee un límite claro. Este reside en la posibilidad del municipio de recuperar exclusivamente los costos de los materiales utilizados. Se refiere específicamente a la reproducción, el envío o la certificación de documentos. No obstante, estas cuotas deben fijarse bajo parámetros estrictamente objetivos y razonables.
En el análisis particular de las leyes michoacanas, se constató que las normas carecían de una metodología. Esta deficiencia impedía justificar que los montos estipulados correspondieran al costo real de los insumos. Esta omisión resultaba en una transgresión, pues terminaban gravando la información en sí misma, contraviniendo el espíritu de gratuidad.
Implicaciones jurídicas inmediatas y la directriz al Congreso local
La resolución prohíbe exigir cobros invalidados y obliga al Congreso local a ajustar la normativa en sesenta días, respetando la gratuidad.
Como resultado directo de esta resolución, las autoridades municipales involucradas no podrán exigir los cobros que fueron invalidados. Se les impide, de igual forma, condicionar la atención de las solicitudes de información al pago de estas cuotas. Mientras no exista una previsión legal válida que se ajuste a los criterios constitucionales, estos servicios deberán prestarse sin costo alguno para el ciudadano.
Adicionalmente, el Pleno de la Suprema Corte vinculó al Congreso del Estado de Michoacán. Le otorgó un plazo perentorio de sesenta días para ajustar su normativa. Esta adecuación debe garantizar el pleno respeto a la gratuidad como regla general en el acceso a la información, subsanando las deficiencias identificadas por el tribunal.
Desglose del principio de gratuidad constitucional
El artículo 6 constitucional garantiza el derecho a no pagar por la información ni su búsqueda, excluyendo solo los gastos materiales de reproducción.
El derecho de acceso a la información, blindado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece un mandato claro. Bajo el criterio de la Suprema Corte, este derecho implica que no se puede imponer cobro alguno por la información en sí misma. Tampoco se puede cobrar por la acción de búsqueda de dicha información. El único concepto que un municipio puede recuperar, y siempre de forma justificada, es el costo material derivado de reproducir, enviar o certificar los documentos solicitados.
La Ministra ponente enfatizó que los gastos generales de operación del Estado no son conceptos trasladables al solicitante. Aspectos como la infraestructura, el software o el personal forman parte de la estructura ordinaria de funcionamiento gubernamental. Por lo tanto, no deben considerarse para fijar cuotas de acceso a la información, consolidando la carga financiera en la administración pública.
La decisión de la Corte: Votos disidentes y el alcance del dictamen
La decisión fue por mayoría de siete votos, con disidencias sobre la invalidez de los cobros y la vinculación directa al Congreso local.
La aprobación del proyecto no fue unánime, sino por una mayoría de siete votos. Dos ministras manifestaron su voto particular, pronunciándose en contra de la invalidez de los cobros. Su argumentación principal se centró en la idea de que correspondía a la parte accionante (en este caso, la CNDH) demostrar que los cobros carecían de una base objetiva y razonable. Este punto de vista resalta la complejidad interpretativa del principio de gratuidad.
Otras dos ministras, si bien acompañaron el sentido general de la resolución, votaron específicamente en contra de vincular al Congreso local. Esta discrepancia subraya debates sobre el alcance de las facultades de la Corte en la dirección legislativa estatal. La resolución íntegra será publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial de Michoacán y en el Semanario Judicial de la Federación, garantizando su difusión y cumplimiento.
