La captura de Ricardo Ramírez Pérez, síndico del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, expone la infiltración del crimen organizado en la estructura administrativa del gobierno municipal emanado de la coalición oficialista de la 4T.
La detención de quien es identificado bajo el alias de El Duck fue concretada mediante una operación coordinada entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal. El funcionario municipal, cuya trayectoria incluye haber fungido anteriormente como agente municipal de Santa Rosa Panzacola, enfrenta ahora la causa penal 0338/2026, la cual lo vincula directamente con una organización criminal dedicada al robo, alteración y posterior comercialización de unidades automotoras en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña.
Complicidad institucional en la capital oaxaqueña
El despliegue de las fuerzas federales y estatales para detener a un integrante de alto nivel del cabildo municipal evidencia el nivel de vulnerabilidad y posible colusión que permea en la gestión de Raymundo Chagoya Villanueva. La administración capitalina, si bien formalmente registrada bajo la bandera del Partido Verde Ecologista de México, mantiene una alineación operativa y política subordinada a los intereses de Noé Jara Cruz, hermano del actual gobernador Salomón Jara Cruz. Esta estructura de mando local se encuentra bajo el escrutinio público ante la gravedad de los delitos imputados a un miembro de su síndicatura, cargo fundamental para la supervisión y legalidad interna del municipio.
El posicionamiento frente a la crisis jurídica
Ante la innegable fractura que representa este arresto, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez optó por una postura de contención mediática mediante un escueto comunicado oficial. El gobierno municipal se limitó a señalar su respeto hacia las actuaciones de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia, así como al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, sin emitir medidas de separación inmediata o una condena explícita hacia las actividades delictivas de su síndico. La situación jurídica de Ramírez Pérez permanece bajo el análisis de un Juez de Control, quien deberá determinar si los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación son suficientes para vincularlo a proceso formal por el impacto de sus actividades ilícitas en el tejido social y de seguridad del estado.
(Con información de Apro)
