CIUDAD DE MÉXICO, La Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. (AMJAC) y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) advirtieron que exigir el cumplimiento de la Constitución no significa respaldar la reforma judicial que modificó de manera profunda la carrera de jueces y magistrados.
En un pronunciamiento conjunto, ambas organizaciones señalaron que, aunque han cuestionado la reforma, existe una obligación que no puede quedar sujeta a interpretaciones administrativas: las autoridades deben cumplir las disposiciones constitucionales que ellas mismas establecieron.
El señalamiento se centra particularmente en el Décimo Transitorio de la reforma constitucional, que contempla un pago para las personas juzgadoras que concluyeron sus funciones bajo los supuestos establecidos por esa disposición.
AMJAC y JUFED sostienen que ese pago no debe confundirse con una indemnización laboral ordinaria, pues se trata de una prestación establecida directamente en el régimen transitorio de la reforma constitucional. Por ello, consideran que su cumplimiento no puede depender de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) considere conveniente o no ejercer los recursos destinados para ese propósito.
“Si reformaron la Constitución, también están obligados a cumplirla”, resume el planteamiento de las organizaciones, que cuestionaron que una autoridad administrativa pueda establecer criterios adicionales para limitar los alcances de una disposición constitucional.
Las asociaciones también pidieron al OAJ hacer públicos los criterios jurídicos utilizados para determinar qué solicitudes de pago proceden y cuáles son rechazadas. De acuerdo con el pronunciamiento, de 157 solicitudes adicionales analizadas, 64 fueron consideradas procedentes y 93 improcedentes.
AMJAC y JUFED consideraron necesario conocer el fundamento constitucional o legal de esas exclusiones, particularmente porque la propia reforma establece que sus disposiciones deben interpretarse conforme a su literalidad y prohíbe modificar sus términos o vigencia mediante interpretaciones administrativas.
Las organizaciones insistieron en que los derechos establecidos en la Constitución no pueden depender de criterios presupuestarios o de la conveniencia de la autoridad encargada de cumplirlos.
“No confundamos exigir la Constitución con avalar la reforma”, plantearon, al remarcar que cuestionar el contenido de la reforma judicial no exime a las autoridades de acatar las obligaciones que quedaron plasmadas en el texto constitucional.
