CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (XPFM).- Después de años en los que el gobierno federal defendió la recuperación del control estatal sobre el sector eléctrico y presentó la participación privada como una amenaza para la soberanía energética, la administración de Claudia Sheinbaum comenzó a abrir nuevamente espacios al capital empresarial privado mediante la autorización de 37 proyectos de generación de electricidad que serán desarrollados en asociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La medida representa un giro respecto a la estrategia impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando se limitaron nuevos permisos para inversionistas privados y se privilegió el fortalecimiento de las empresas estatales. Ahora, bajo un nuevo esquema de colaboración, serán empresas particulares las que aporten el financiamiento, construyan las plantas y asuman buena parte del riesgo económico.
De acuerdo con información publicada por diario español El País, la Secretaría de Energía, aperturó 31 proyectos a desarrolladores privados quienes incorporarán una capacidad estimada de 7 mil 411 megavatios antes de concluir la actual administración. La mayor parte corresponde a energía fotovoltaica, con más de 6 mil 700 megavatios, mientras que el resto provendrá de instalaciones eólicas.
La decisión pone fin, en los hechos, a un periodo cercano a seis años de restricciones para nuevas inversiones privadas en generación eléctrica, una política que el gobierno anterior justificó como parte de la recuperación de la soberanía energética nacional.
Paradójicamente, apenas en 2023 el gobierno celebró la compra de 13 plantas de Iberdrola por aproximadamente 6 mil 200 millones de dólares como una muestra de que el Estado recuperaba el control del sistema eléctrico. Hoy, aunque el discurso oficial mantiene que la CFE conservará la rectoría del sector, la expansión de la capacidad instalada dependerá nuevamente de recursos provenientes de inversionistas privados.
La legislación aprobada en 2025 establece que la empresa pública deberá mantener el 54 por ciento de la generación nacional, mientras que el 46 por ciento podrá corresponder a particulares. Sobre esa base jurídica se construye el nuevo modelo de asociaciones.
El mecanismo contempla la creación de sociedades mixtas entre la CFE y las empresas. Los inversionistas privados financiarán el desarrollo de las centrales, realizarán su construcción, operación y mantenimiento, mientras que la empresa estatal garantizará la compra del 70 por ciento de la electricidad producida mediante contratos de largo plazo.
Posteriormente, una vez recuperada la rentabilidad previamente pactada, las instalaciones pasarían a formar parte del patrimonio de la CFE. Para el gobierno, este esquema permite atraer inversiones sin renunciar al control estratégico del sistema eléctrico.
Sin embargo, diversos especialistas consideran que el modelo constituye una reapertura del mercado que contradice el discurso político sostenido durante años contra la llamada privatización del sector. Aunque jurídicamente el Estado mantenga la propiedad final de las plantas, la inversión inicial, el financiamiento y una parte sustancial de la operación recaerán en empresas privadas.
Entre las compañías que participarán en estos proyectos se encuentran Cúbico Sustainable Investments, Thermion Energy, Eléctrica Aselco, Fisterra Energy, Oak Creek y Terralia, con desarrollos previstos principalmente en Sonora, Tamaulipas, Baja California Sur, Nuevo León y Yucatán, regiones con alto potencial para la generación de energías renovables.
De concretarse todos los proyectos autorizados, la inversión podría rondar los 7 mil 400 millones de dólares. No obstante el incremento en la capacidad de generación será insuficiente si no se modernizan las redes de transmisión y distribución, además de garantizar las condiciones técnicas para conectar las nuevas plantas al sistema eléctrico nacional.
La necesidad de ampliar la oferta energética responde al crecimiento constante de la demanda. Para este verano se prevé un consumo máximo cercano a los 54 mil megavatios. Aunque México cuenta con una capacidad instalada superior a los 90 mil megavatios, una parte importante proviene de fuentes intermitentes, como la energía solar y eólica, además de que persisten limitaciones en la infraestructura de transmisión.
El interés empresarial también evidencia el cambio de escenario. Más de 200 proyectos fueron presentados originalmente ante la Secretaría de Energía, reflejando que el mercado vuelve a resultar atractivo para la inversión privada después de varios años de incertidumbre regulatoria.
Así, mientras el gobierno sostiene que las nuevas asociaciones fortalecen a la CFE y aceleran la transición hacia energías limpias, los hechos muestran una realidad distinta: la expansión del sistema eléctrico mexicano vuelve a depender de la participación del capital privado, un modelo que durante el sexenio pasado fue duramente cuestionado desde el propio discurso oficial y que ahora regresa bajo una fórmula diferente, aunque con un resultado similar en términos de inversión.
