CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (XPFM).- En un hecho sin precedentes, aceptado públicamente, que evidencia la grave crisis de seguridad en la región, el gobierno federal reconoció haber establecido contacto directo con los grupos delincuenciales que disputan el territorio en Chilapa, Guerrero, y pactó con ellos una tregua.
Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, servidores públicos de la Secretaría de Gobernación se trasladaron a la zona de conflicto. La mañana de ayer el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, se comunicó con los líderes de ambos grupos criminales enfrentados, a quienes les planteó la urgencia de recuperar la paz.
“Detalló que se establecerán mesas por separado con los dos grupos para tratar de llegar a una solución de fondo”, informó el gobierno en su comunicado.
El acuerdo alcanzado con los jefes delictivos incluyó terminar con las disputas y los bloqueos de manera pacífica, permitiendo así el ingreso de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden y atender a los heridos. Los líderes criminales aceptaron la propuesta del gobierno.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con la gobernadora estatal, Evelyn Salgado, realizarán recorridos por las comunidades en conflicto. Como parte del pacto, se instalarán mesas de diálogo por separado con cada grupo para buscar una solución de fondo.
Hasta el momento, se reportan seis personas heridas atendidas por el IMSS Bienestar. El gobierno califica el acuerdo como una “priorización del diálogo”, aunque críticos señalan que negociar con organizaciones criminales legitima su poder territorial.
La pregunta incómoda que el gobierno no responde
Sin embargo, más allá del anuncio oficial, una cuestión emerge con fuerza entre analistas de seguridad, víctimas y la opinión pública: Si el gobierno federal tiene contacto directo con los líderes de los grupos delincuenciales, e incluso sabe dónde se encuentran para negociar con ellos, ¿por qué no los detiene, los neutraliza o actúa penalmente en su contra?
Esta interrogante no es menor, pues toca el núcleo de la función del Estado: el monopolio legítimo de la fuerza y la justicia. Explicar que se prefiere el “diálogo” no disuelve la contradicción.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos en la región han manifestado su indignación.
“No podemos aceptar que el gobierno hable con asesinos como si fueran interlocutores válidos. Si saben quiénes son y dónde están, que los capturen”, declaró un representante de una colectiva local que pidió resguardar su identidad por seguridad.
Los críticos replican que esa lógica es la que ha permitido que los grupos delincuenciales se fortalezcan durante décadas: el Estado negocia desde la debilidad, y los criminales obtienen legitimidad y tiempo para rearmarse.
Mientras el gobierno federal celebra haber restablecido el “diálogo” y la tregua, la ciudadanía guerrerense y el país entero esperan una respuesta clara a la pregunta central: si pueden hablar con los criminales, ¿por qué no pueden detenerlos? Hasta que el Estado no demuestre que su capacidad de coerción es superior a su disposición al pacto, la sombra de la impunidad seguirá cubriendo a Chilapa y a tantas otras regiones de México donde el crimen organizado manda, y el gobierno, apenas negocia.
*Con información oficial / Comunicado 055 de la Secretaría de Gobernación*
