CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (XPFM).- La presidenta Claudia Sheinbaum remitió al Senado de la República un nuevo paquete de reformas electorales que busca, entre otros puntos, establecer topes máximos a las remuneraciones de los consejeros del INE, magistrados electorales y altos funcionarios del sector. La iniciativa, presentada como una alternativa a proyectos previos, también plantea mecanismos más estrictos de transparencia y fiscalización para los partidos políticos.
La propuesta presidencial insiste en la necesidad de ajustar el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto”, declaró Sheinbaum, quien enfatizó que la directriz es eliminar los privilegios económicos de altos cargos.
En este sentido, la iniciativa detalla modificaciones a diversas leyes secundarias para garantizar que ningún funcionario electoral perciba ingresos superiores a los de la Presidenta de México, eliminando conceptos como bonos especiales o seguros de gastos médicos mayores que elevaban sus percepciones totales.
Puntos clave de la iniciativa:
Límites Salariales: Se reforman los artículos 31, 99 y 116 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para fijar un tope máximo a las remuneraciones de consejeros del INE, de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y de los magistrados de tribunales electorales locales. La medida busca homologar sus ingresos con el salario de la titular del Ejecutivo Federal.
Fiscalización Reforzada: Se propone adicionar el artículo 192 para permitir que, mediante convenios, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda colaborar en la revisión del origen de los recursos. Asimismo, se establece el uso obligatorio de tecnologías para la fiscalización y se ordena que los cómputos distritales tanto federales como locales inicien de inmediato al concluir la jornada electoral, con la llegada del primer paquete.
Transparencia Partidaria: En las modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos, destaca la obligación (artículo 30) de transparentar las remuneraciones de todos los dirigentes de partidos. Se añade la obligación (artículo 50) de reportar en tiempo real sus operaciones financieras a través de un sistema bancarizado.
Prohibiciones y Topes: Se plantea un tope de 1,500 UMAS (equivalente al salario de la Presidenta) para las remuneraciones internas (artículo 51) y se refuerzan las prohibiciones sobre el uso de recursos ilícitos, de procedencia extranjera y las aportaciones en efectivo.
En paralelo a la reforma política, la mandataria confirmó que la elección de jueces y magistrados se realizará en 2027, calendarizándola para que coincida con las elecciones intermedias de ese año.
Ajustes en la estructura de gobierno:
La iniciativa también contempla medidas de austeridad en otros niveles de gobierno:
Regidurías y Sindicaturas: Se propone reducir el número de regidurías a un rango de entre siete y 15, dependiendo de la población del municipio, y limitar a una sola sindicatura por municipio.
Congresos Locales: Se establece un tope presupuestal del 0.70% del presupuesto de egresos para los Congresos estatales.
Destino de Ahorros: El gobierno federal informó que los recursos ahorrados con la reducción de regidurías y el ajuste en los congresos locales se destinarán a obras de infraestructura pública en los propios municipios y estados.
Finalmente, la propuesta incluye ajustes en la figura de revocación de mandato, la cual se realizaría el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, ya sea en 2027 o 2028, dependiendo del momento en que sea solicitada.
