CIUDAD DE MÉXICO, julio 27 (XPFM).- La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en su gobierno no existe protección para ningún servidor público que mantenga vínculos con el crimen organizado y aseguró que, si la Fiscalía General de la República (FGR) o el Gabinete de Seguridad cuentan con pruebas, se actuará sin distinciones. Sin embargo, sus declaraciones vuelven a contrastar con una serie de casos en los que personajes cercanos a Morena y a la llamada Cuarta Transformación permanecen sin procesos judiciales concluyentes, pese a los señalamientos públicos e investigaciones difundidas por distintos medios.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que “nosotros, antes que nada, no solapamos a nadie, no cubrimos a nadie”, al rechazar las versiones que acusan a su administración de proteger a funcionarios relacionados con actividades ilícitas.
Añadió que, si la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad acreditan la colusión de algún gobernante con el crimen organizado, “se procede”, y sostuvo que esa ha sido su posición desde el inicio de su gobierno.
Sheinbaum también defendió al estado de Sinaloa al señalar que no debe estigmatizarse a su población por la violencia o por la presencia de grupos delictivos. Argumentó que las encuestas reflejan el respaldo ciudadano y destacó que los sinaloenses son hombres y mujeres trabajadores que no deben ser juzgados por las acciones de organizaciones criminales que operan en la entidad.
No obstante, las declaraciones presidenciales reavivan el cuestionamiento sobre la aparente diferencia en el trato que reciben figuras de oposición frente a personajes vinculados con Morena.
Mientras autoridades federales han actuado con rapidez en expedientes relacionados con adversarios políticos, diversos casos que involucran a integrantes de la 4T permanecen sin resultados judiciales visibles.
Del lado de la oposición, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue citada por la Fiscalía General de la República dentro de una investigación relacionada con un operativo contra laboratorios clandestinos, mientras que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, enfrenta un proceso penal por presuntos delitos vinculados al llamado huachicol fiscal. En contraste, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido objeto de reiterados señalamientos públicos por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado y su nombre ha aparecido en investigaciones difundidas desde Estados Unidos; sin embargo, hasta ahora no existe una acción penal en su contra por parte de las autoridades mexicanas.
Otro caso que ha generado cuestionamientos es el del senador Adán Augusto López Hernández. Durante su gestión como gobernador de Tabasco nombró como secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, actualmente investigado y buscado por presuntos nexos con la organización criminal “La Barredora”. Pese a la magnitud del caso y a las investigaciones abiertas contra su excolaborador, el exsecretario de Gobernación no enfrenta hasta el momento imputaciones penales relacionadas con esos hechos.
A estos expedientes se suma el denominado “huachicol fiscal”, considerado uno de los mayores esquemas de contrabando y evasión de impuestos en la importación de combustibles. Aunque investigaciones periodísticas han documentado la presunta participación o protección de funcionarios públicos y operadores políticos, las autoridades federales no han presentado procesos contundentes contra quienes han sido señalados como responsables de esa red.
En este contexto, la afirmación de la presidenta de que “no protegemos a nadie” continúa enfrentándose al escrutinio público. Para sus críticos, la credibilidad de ese compromiso no dependerá de los discursos, sino de que las investigaciones avancen con el mismo rigor y la misma celeridad contra cualquier servidor público, sin importar si pertenece a la oposición o forma parte del movimiento político que hoy gobierna el país.
