CIUDAD DE MÉXICO, agosto 06 (XPFM).- Mientras México enfrenta niveles históricos de violencia, desapariciones, extorsión y una creciente presencia del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno realizó un análisis para identificar qué cuentas de la red social X impulsan tendencias críticas contra su administración. La mandataria explicó que el objetivo es conocer “qué cuentas son las que levantan una tendencia en X” y adelantó que los resultados serán presentados por Luisa María Alcalde.
La declaración marca un punto de inflexión preocupante. En lugar de anunciar investigaciones sobre las redes del huachicol, la corrupción o el financiamiento del crimen organizado, el Ejecutivo decidió informar que está siguiendo la actividad de usuarios y periodistas que participan en la conversación pública. La pregunta resulta inevitable: ¿desde cuándo la crítica al gobierno se convirtió en un asunto de interés para el Estado?
El problema no radica únicamente en el análisis de redes sociales, sino en la ausencia de una explicación jurídica. Ninguna ley faculta al Gobierno Federal para investigar a ciudadanos por expresar opiniones o participar en tendencias digitales. Los artículos 6 y 7 de la Constitución garantizan la libertad de expresión y el derecho a difundir ideas sin interferencias indebidas del poder público. En una democracia, el gobierno está sujeto al escrutinio ciudadano; no al contrario.
La narrativa oficial tampoco resiste un análisis de consistencia. Cuando una etiqueta beneficia a Morena, la explicación suele ser que refleja el respaldo popular al movimiento. Pero cuando las tendencias exhiben la inseguridad, la falta de medicamentos, los problemas económicos o presuntos actos de corrupción, entonces dejan de ser opinión ciudadana para convertirse, según el discurso oficial, en campañas pagadas, cuentas anónimas o estrategias de la oposición.
Paradójicamente, el propio oficialismo ha sido señalado durante años por operar una amplia estructura de cuentas digitales dedicadas a promover sus mensajes y atacar a periodistas, opositores y organizaciones civiles. Sin embargo, la investigación anunciada por Sheinbaum parece concentrarse exclusivamente en quienes generan tendencias incómodas para el gobierno, no en quienes impulsan narrativas favorables desde el anonimato.
La prioridad presidencial también deja al descubierto una contradicción en el uso de los recursos públicos. Mientras continúan pendientes investigaciones sobre el robo de combustible, el avance del crimen organizado, la corrupción en distintos niveles de gobierno o el deterioro de servicios esenciales como salud y educación, la Presidencia dedica esfuerzos a identificar quiénes logran posicionar temas críticos en una plataforma digital.
Más allá del estudio que eventualmente presente Morena, el mensaje político es preocupante. Cuando el poder comienza a observar con lupa a quienes lo cuestionan, se envía una señal de intimidación que puede tener un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión. La historia demuestra que las democracias no se debilitan porque existan críticas al gobierno; se debilitan cuando los gobiernos empiezan a considerar a sus críticos como un problema que debe investigarse.
El verdadero desafío de un gobierno democrático no es descubrir quién impulsa una tendencia en redes sociales, sino responder con resultados a las razones que la originan. Si millones de ciudadanos hablan de inseguridad, corrupción o deficiencias en los servicios públicos, el problema no está en el algoritmo de X, sino en la realidad que esas tendencias reflejan.
