CIUDAD DE MÉXICO, mayo 05 (XPFM).- Mientras crece la presión internacional por presuntos vínculos entre autoridades sinaloenses y el narcotráfico, la estructura de procuración de justicia en el estado parece optar por la protección antes que por la rendición de cuentas.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que Dámaso Castro Zaavedra continuará como vicefiscal general, pese a que autoridades de Estados Unidos lo han señalado por delitos relacionados con drogas y armas. Lejos de apartarlo del cargo para garantizar una investigación sin interferencias, la institución sostuvo que el funcionario seguirá en funciones y que simplemente atenderá cualquier requerimiento legal que pudiera surgir.
El mensaje institucional es claro: las acusaciones, aunque provengan del extranjero y estén vinculadas a delitos graves, no son suficientes para activar mecanismos internos de control o suspensión. En los hechos, se privilegia la continuidad administrativa por encima de la credibilidad de la propia fiscalía.
Este caso no ocurre en el vacío. Es de recordar que forma parte de los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha pedido acciones urgentes contra una decena de funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, a quienes se les atribuye colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
La respuesta del gobierno mexicano ha sido minimizar la solicitud, argumentando que no cumple con los criterios formales de una extradición y que carece de pruebas suficientes. Sin embargo, la gravedad de los señalamientos ha llevado a algunos implicados, como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, a pedir licencia temporal mientras avanzan las investigaciones federales.
Otros actores, en contraste, han optado por permanecer en sus posiciones. Entre ellos figura el senador Enrique Inzunza y el propio Castro, cuya permanencia alimenta cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la falta de filtros éticos dentro de las instituciones.
Aunque todos los señalados han rechazado las acusaciones, el daño político ya está hecho. Más allá de la “falta de evidencia”, de acuerdo al oficialismo, para sustentar los cargos, el hecho de que funcionarios bajo sospecha continúen en puestos clave erosiona la confianza pública y proyecta una imagen de tolerancia institucional frente a posibles actos de corrupción o vínculos con el crimen organizado.
El episodio no solo tensiona la relación con Washington, también expone una contradicción interna: mientras se habla de combate frontal al crimen, se mantiene en funciones a quienes están bajo la lupa de autoridades extranjeras. En ese contexto, la decisión de sostener a Castro en la vicefiscalía parece menos un acto de legalidad y más una apuesta política de alto costo.
