CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (XPFM).- La senadora con licencia de Morena, Reyna Celeste Ascencio Ortega, pidió que las autoridades electorales supervisen de manera estricta los recursos utilizados por quienes buscan encabezar los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en las 17 entidades donde habrá elecciones el próximo año.
La legisladora consideró indispensable verificar que el dinero destinado a la promoción de los aspirantes no provenga de dependencias públicas ni de organizaciones del crimen organizado, además de garantizar que exista plena transparencia en su uso.
Su postura surge después de que se diera a conocer que, durante los últimos tres meses, senadores y diputados federales con licencia de Morena, así como del Partido Verde y del PT, han invertido más de 2.3 millones de pesos en publicidad a través de Facebook e Instagram para impulsar su imagen rumbo al proceso interno del oficialismo.
Entre los casos destaca el de la senadora Andrea Chávez, quien, de acuerdo con los datos publicados, ha destinado 176 mil 536 pesos en anuncios digitales, distribuidos entre su página personal y otra plataforma con la que promociona su imagen política.
Ascencio Ortega sostuvo que la vigilancia no debe centrarse únicamente en Morena, sino extenderse a todos los partidos y aspirantes que realizan actividades de promoción política.
“La fiscalización debe abarcar cualquier movimiento de recursos que se esté realizando en el país”, señaló.
La legisladora insistió en que el punto central no es el monto del gasto, sino la procedencia de los recursos empleados en las campañas internas, para evitar posibles desvíos de fondos públicos o financiamiento ilícito.
Asimismo, señaló que, aunque Morena cuenta con reglas para el desarrollo de su proceso interno, corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) evaluar si la legislación vigente resulta suficiente o si es necesario fortalecer las normas para regular este tipo de promoción anticipada.
El llamado ocurre en medio del creciente escrutinio sobre los gastos de promoción de diversos aspirantes oficialistas, un tema que ha reavivado el debate sobre los límites entre los procesos internos de los partidos y los actos anticipados de campaña, así como sobre la transparencia en el financiamiento de las actividades políticas rumbo a las elecciones de 2027.
