El pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad con 96 votos las reformas en materia de arborización urbana en la Ciudad de México y el país, estableciendo una nueva obligación legal para los tres niveles de gobierno.
Una obligación inédita para el Estado mexicano
La modificación legal obliga por primera vez a los planes de desarrollo urbano a incluir áreas verdes y tareas estatales de conservación.
El decreto aprobado por el pleno modifica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y la Ley General de Cambio Climático. Esta armonización legislativa se fundamenta de manera directa en los artículos 4 y 73 de la Constitución, los cuales consagran el derecho ciudadano a un medio ambiente sano y otorgan facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección ambiental.
Acciones concretas frente al déficit ecológico
Las modificaciones legales definen la arborización como un conjunto de acciones técnicas para plantar y conservar especies vegetales adecuadas.
Durante la fundamentación del dictamen, la senadora Guadalupe Chavira, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, expuso el alcance de la modificación reglamentaria. La normativa establece que las tareas de plantación y mantenimiento deberán considerar rigurosamente las condiciones climáticas y los ecosistemas específicos de cada región del territorio nacional. El propósito central de esta estrategia radica en crear hábitats funcionales para la fauna urbana, abatir las islas de calor y elevar la calidad del aire para garantizar el bienestar ambiental y social en las zonas urbanizadas.
Discusión parlamentaria y exigencias de fiscalización
Los legisladores advirtieron que la nueva ley resulta insuficiente si carece de presupuestos reales y de políticas de seguimiento a largo plazo.
Desde la tribuna, la senadora Carolina Viggiano Austria, representante del Partido Revolucionario Institucional, respaldó el dictamen al señalar que la cobertura vegetal urbana constituye un asunto de salud pública y adaptación climática, más allá de una simple exigencia estética. Sin embargo, la legisladora lanzó una crítica severa al advertir que el marco legal vigente corre el riesgo de convertirse en letra muerta si las autoridades se limitan a simular acciones mediante fotografías de jornadas de siembra, exigiendo en su lugar suelos recuperados, agua saneada y supervivencia real de los árboles.
Por su parte, el senador Juan Carlos Loera, representante de Morena por el estado de Chihuahua, reconoció la magnitud del rezago ambiental heredado en las metrópolis del país. Citando estimaciones de ONU-Hábitat, el legislador advirtió que los árboles cubren apenas el 3.6 % del territorio en las principales ciudades mexicanas, una cifra que evidencia la urgencia de aplicar estándares internacionales. Recordó que la regla técnica conocida como 3-30-300 exige observar tres árboles desde el hogar, mantener un 30 % de cobertura arbórea en el entorno vecinal y situarse a una distancia máxima de 300 metros de una zona verde, parámetros de los cuales millones de familias mexicanas se encuentran todavía muy lejos.
El proyecto de decreto fue remitido de inmediato a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional, discusión y eventual ratificación o modificación en el periodo legislativo en curso.
(Con información de El Economista)
