El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 12 de noviembre de 2026 las bases para implementar un nuevo Sistema de Contabilidad en Línea en México, con el fin de fiscalizar gastos de partidos para las elecciones de 2027.
La evolución tecnológica frente a los retos electorales
El Instituto Nacional Electoral implementará una plataforma digital para revisar los recursos de los partidos en tiempo real durante los procesos comiciales.
En sesión extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral explicó que el actual Sistema Integral de Fiscalización operó durante más de una década como la plataforma central de revisión de cuentas. Esta transformación tecnológica resulta ineludible frente al crecimiento exponencial del universo fiscalizable de cara a las elecciones concurrentes de 2026-2027.
La autoridad electoral destacó la urgencia de dotar a la institución de instrumentos de vanguardia para mantener la oportunidad y eficacia de la función fiscalizadora. La opacidad y el uso discrecional del dinero en la política encuentran su principal contrapeso en autoridades electorales dotadas de herramientas tecnológicas de vanguardia, según puntualizó el consejero Jorge Montaño.
La herramienta operará en los periodos de obtención de apoyo ciudadano, precampañas y campañas del proceso electoral concurrente 2026-2027. Mantendrá una coexistencia temporal con el Sistema Integral de Fiscalización, donde continuará el ejercicio ordinario hasta su migración formal. La creación del sistema no representa un mero cambio de plataforma, sino una evolución tecnológica diseñada para garantizar continuidad, estabilidad y precisión en la revisión de los recursos.
Cuestionamientos partidistas por la premura operativa
Representantes del PAN y del PRI advirtieron sobre riesgos de fallas técnicas y la falta de capacitación previa para la nueva plataforma digital.
La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, señaló que se integrará y presentará ante el Consejo General un informe sobre el costo del sistema, solicitado por algunos partidos políticos. Asimismo, precisó que se trata de un desarrollo del instituto y que se informará puntualmente para transparentar su funcionamiento y despejar dudas.
Al mostrar su inconformidad, el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, reconoció que se debe fortalecer la fiscalización, pero advirtió que las bases propuestas generan preocupaciones por los tiempos de aprobación y las condiciones de operación. La principal inquietud radica en la premura con la que se pretende adoptar la determinación, ya que una transición de esta magnitud exige planeación, pruebas suficientes y certeza jurídica sin identificar una circunstancia extraordinaria que obligue a resolver de manera tan acelerada.
Existen antecedentes sobre el registro de fallas e intermitencias en el sistema anterior que motivaron ajustes en los plazos, por lo que esa experiencia obliga a extremar precauciones ante posibles afectaciones sancionadoras. Por su parte, la consejera Carla Humphrey reconoció que los hechos públicos de las últimas semanas, la renuncia de la expresidenta Guadalupe Taddei y los cambios urgentes en su estructura directiva exigen una conducción institucional responsable.
Los cambios de titularidad no pueden significar la interrupción de los proyectos estratégicos del instituto, cuyas responsabilidades son institucionales y deben garantizarse independientemente de quién encabece cada área. En tanto, el representante del Partido Paz, Ernesto Guerra Mota, advirtió que la nueva fiscalización se ejecuta con una premura apabullante y deberá ponerse en marcha bajo la evidencia de posibles fallas prácticas.
Finalmente, el representante del PRI, Emilio Suárez Licona, cuestionó la implementación apresurada cuando hubo meses de anticipación para desarrollar, probar y poner en funcionamiento la herramienta tecnológica. Criticó la ausencia de capacitación, acompañamiento de ejercicios de simulación, pruebas operativas y escenarios de ensayo y error para familiarizar a los responsables con el funcionamiento. Surgen inquietudes sobre la urgencia de implementar el sistema justo cuando inician las precampañas para la gubernatura de Guerrero, obligando a los sujetos obligados a registrar operaciones sin preparación suficiente.
(Con información de El Economista)
