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Se debe enfrentar inseguridad, incursión del crimen y financiamiento ilícito en campañas

• Durante el foro 12 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral se advirtió que la amenaza del crimen organizado no es únicamente a la integridad de las elecciones y la democracia, sino también al Estado mexicano y a la convivencia social.

CIUDAD DE MÉXICO, Agosto11 (XPFM).- La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Astrid Humphrey Jordan, durante el foro 12 del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral realizado en la cámara de Diputados, afirmó que el INE es una institución que se modifica constantemente y una eventual reforma no se debe mirar de forma negativa, pero requiere un análisis minucioso de las razones, las causas y el tipo de la autoridad electoral que se quiere para el futuro.

Actualmente, dijo, el sistema electoral funciona y no debe considerarse una reforma constitucional, cuando pueden atacarse muchos temas desde la legislación secundaria e incluso “algunos asuntos que resuelve el Instituto se hacen vía acuerdos o lineamientos”.

Mencionó que con el financiamiento público se ha conseguido a la fecha detener ese espacio en el que el crimen organizado pueda incidir en las elecciones. Sin embargo, manifestó su inquietud por la injerencia del dinero ilícito y del crimen organizado, y pidió revisar el uso de las monedas virtuales y las actividades vulnerables, como son compra de arte, adquisición de vehículos, tiendas departamentales y tarjetas Monex.

Reconoció que el proceso electoral 2021 ha sido el más violento de la historia; hubo 36 candidatos y candidatas que perdieron la vida y “eso nos lleva a pensar cómo debemos enfrentar el tema de seguridad y la violencia política contra las mujeres. Creo que el tema de seguridad tiene un componente del crimen organizado. En estos temas, se necesita la colaboración de otras instancias del Estado para que colaboren con el Instituto”.

Externó su preocupación por el momento en que se debate el tema, porque están por iniciar procesos electorales para Coahuila y el Estado de México, y en septiembre de 2023 se estará empezando el proceso 2023-2024, donde habrá 9 gubernaturas, Presidencia de la República, conformación total del Congreso de la Unión y varios congresos locales, “por lo que probar una reforma del calado que se quiere en una elección presidencial es preocupante. Debemos probarla en un proceso intermedio”.

Con mayor financiamiento privado habrá menores controles

María de los Ángeles Fromow Rangel, experta en materia electoral, afirmó que en los procesos electorales, México tiene uno de los sistemas electorales sólidos, no obstante dijo que sí es un riesgo que se permita un financiamiento mayor privado que público, ya que el segundo siempre ha tenido una naturaleza de controlar de dónde vienen los orígenes.

Pugnó por una fiscalización inmediata y prevenir “ya sea de la participación de la delincuencia organizada o de la integridad de una persona. Si nosotros permitimos que haya mayor participación de financiamiento privado vamos a tener menores controles para poder saber qué hacen los partidos políticos; hay reglas concretas para financiar las campañas”.

Retos en materia electoral no se resuelven con una reforma

Por su parte, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, señaló que los “grandes retos que enfrenta la materia electoral en nuestro país no se resuelven con una reforma electoral, tiene que ver con los factores estructurales de pobreza, corrupción e impunidad que hay en México”.

Indicó que las elecciones sirven para darle paz y estabilidad social a los pueblos y lo que se tiene hasta ahora ha funcionado.

Advirtió que la amenaza del crimen organizado no es únicamente a la integridad de las elecciones y la democracia, sino también al Estado mexicano y a la convivencia social.

“La presencia financiera del crimen organizado no es la única que se debe discutir, ya que también está el tema del blindaje de los partidos políticos a sus postulaciones porque ellos tienen la principal responsabilidad, el vínculo o no de personas ligadas a estos negocios en las campañas”.

Añadió que los actores políticos del país no están de acuerdo con las reglas que tienen que ver con los tiempos para llevar a cabo proselitismo, las famosas reglas de precampaña que regulan y sancionan actos anticipados.

“Los hechos nos demuestra que la clase política en México no está de acuerdo con esas reglas, no lo dice en el discurso, pero lo demuestra. Entonces, al no estar de acuerdo en esas reglas y estarlas violentando de manera sistemática y recurrente, no solamente tensan la relación con las instituciones electorales, se corre el riesgo de tener elecciones que no cumplan su propósito y puedan ser cuestionadas”, agregó.

Contar con medidas de seguridad en procesos electorales

Ricardo Suro Gutiérrez, fiscal especializado en materia de Delitos Electorales en Jalisco, resaltó que es importante el tema de las medidas de protección, ya que hay candidatos que han presentado denuncias, sufrido violencia y agresiones e incluso han sido privados de la vida. Por ello, se debe dotar a las autoridades de herramientas para ser eficientes en la protección del proceso electoral que brinda paz nacional, y que el debate sea en la tribuna y no en las calles.

“Este tipo de circunstancias hoy nos obligan a voltear a ver el tema de seguridad en las elecciones que, si bien impulsamos la participación de mujeres, debe ser en un marco de seguridad, y el otro el que todos los candidatos políticos puedan contender de una manera libre, equitativa y en un marco de seguridad”, agregó.

Manifestó estar a favor del financiamiento público y consideró que cerrarle la puerta al financiamiento privado es un primer paso para complicarles la operación. “La corresponsabilidad también va al ciudadano, que vea quién está gastando más, quién está vinculado, qué candidato viene del crimen organizado; es un tema en el que debemos ser conscientes al momento de ir a votar”.

Señaló que por lo que respecta a la reforma política, se debe dotar de mayores facultades a las fiscalías y dar seguimiento a las órdenes de protección y que existan consecuencias y responsabilidad para quien no lo haga.