- Se concluyó que el referido Acuerdo no vulnera el principio de división de poderes en relación con el principio de reserva de ley.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 30 (XPFM).- El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció la validez del “ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” hasta el año 2028, emitido por el Presidente de la República, al resolver la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Con mayoría de 8 votos a favor, el pleno declaró la validez del acuerdo presidencial emitido en mayo de 2020, para disponer del Ejército, Marina y de la Fuerza Aérea Mexicanos para tareas de seguridad, impugnado por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, mediante una controversia constitucional.
En primer lugar, se concluyó que el referido Acuerdo no vulnera el principio de división de poderes en relación con el principio de reserva de ley. Ello en virtud de que el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional de 26 de marzo de 2019, le otorgó una facultad excepcional al Presidente de la República de disponer de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública, facultad cuyo ejercicio no está supeditado a que el Congreso de la Unión ejerza su facultad legislativa en materia de seguridad pública. El Pleno decidió que la participación de la Fuerza Armada en funciones de seguridad pública no es una decisión unilateral del Presidente de la República, sino que emana directamente de la Constitución.
Asimismo, el Tribunal Pleno sostuvo que el Acuerdo se encuentra fundado y motivado, pues cumple con lo establecido en el referido artículo Quinto Transitorio, en cuanto a que la intervención de la Fuerza Armada que contempla está sujeta a una temporalidad de cinco años y reviste el carácter de extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Además, respeta los estándares internacionales determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Alvarado Espinoza y otros contra México.
Cabe recordar que la controversia Constitucional 90/2020, fue promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del “ACUERDO” emitido por el Presidente de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar consideró que el acuerdo del Ejecutivo federal no violó las atribuciones de la Cámara de Diputados, además de que éste debe entender como una hoja de ruta para la salida de las Fuerzas Armadas de las calles.
Zaldívar aseguró que no se está discutiendo la permanencia de las Fuerza Armadas en labores civiles, sino al camino para su salida, por lo que “no estamos frente a un caso de sobre militarización, estamos frente a un caso que exige revisar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio Constituyente ha trazado, a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o ciudadana”.
