CIUDAD DE MÉXICO, agosto 25 (XPFM).- A un año de la implementación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) sostuvo que los resultados hasta ahora registrados confirman que se trató de “un error histórico” que ha profundizado la crisis institucional del país.
En un comunicado difundido este 25 de agosto, la organización señaló que el próximo 31 de agosto se cumplirá un año de la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y de la creación del Órgano de Administración Judicial, al que acusó de haberse convertido en un órgano parcial.
La JUFED también cuestionó el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el décimo artículo transitorio de la reforma constitucional, particularmente la obligación de cubrir pagos extraordinarios y pensiones complementarias a las personas juzgadoras cuya separación del cargo fue consecuencia de los cambios constitucionales.
La asociación agregó que también se han reducido las remuneraciones de quienes permanecen en funciones, pese a que durante la discusión de la reforma se aseguró que los derechos del personal judicial serían respetados.
De acuerdo con JUFED, durante este primer año se han acumulado procedimientos administrativos, investigaciones y otras acciones que han generado un ambiente de presión e incertidumbre entre integrantes del Poder Judicial. A ello, añadió, se suma el aumento de juicios de amparo promovidos para cuestionar distintos aspectos de la reforma.
La organización también expresó preocupación por la actuación de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que ha quedado a deber en la protección efectiva de derechos y en la consolidación de su independencia.
Según el posicionamiento, diversas decisiones de la Corte en asuntos de relevancia nacional han favorecido a la autoridad o coincidido con las posiciones del oficialismo, situación que, a juicio de JUFED, genera cuestionamientos sobre la independencia con la que deben actuar las y los ministros.
La asociación también señaló errores y deficiencias recurrentes en el trabajo jurisdiccional de la SCJN, y advirtió que estos no deben normalizarse en una institución cuya responsabilidad es garantizar la protección de los derechos humanos.
Para JUFED, la evaluación de la reforma no debe limitarse al cambio de integrantes de los órganos judiciales, sino considerar si realmente ha fortalecido la independencia judicial, garantizado un acceso efectivo a la justicia y cumplido las obligaciones asumidas por el Estado frente a quienes formaban parte del Poder Judicial.
A un año de su implementación, sostuvo la organización, esos objetivos continúan pendientes.
Finalmente, JUFED exigió el cumplimiento del décimo artículo transitorio y el respeto a los derechos de las personas juzgadoras. La asociación afirmó que la recuperación de una verdadera independencia judicial y el restablecimiento del Estado de derecho requieren un Poder Judicial integrado por servidores públicos capacitados, independientes y con excelencia técnica.
