La Fiscalía mexiquense vinculó a proceso a 12 exfuncionarios y servidores públicos por la creación de 324 plazas docentes falsas, bajo cargos de abuso de autoridad y fraude. Se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, que incluirá un rastreo financiero a los imputados y a 168 beneficiarios.
Acusan a exfuncionarios por red de plazas docentes fantasmas
Doce funcionarios y exfuncionarios fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y fraude, tras su detención por un entramado delictivo que generó 324 plazas docentes inexistentes. Las juezas que atendieron los casos de los dos grupos de personas, compuestos por nueve hombres y tres mujeres, validaron la idoneidad, suficiencia y pertinencia de los 45 datos de prueba presentados por el Ministerio Público (MP).
Los imputados, Óscar “N”, Daniel Arturo “N”, Alfredo “N”, David “N”, Araceli “N”, Juan “N”, Yunuen “N”, Fabiola “N”, Cristopher “N” y Diego Emanuel “N”, junto con otro Óscar “N” y Daniel “N”, permanecerán recluidos en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
Se establecieron dos meses para la conclusión de la investigación, plazo que vence el 26 de agosto para el grupo de los primeros 10. Durante este periodo, el Ministerio Público realizará una investigación financiera exhaustiva contra los detenidos y las 168 personas que se beneficiaron de las 324 plazas ficticias, las cuales contaban con salarios diversos. Adicionalmente, se ejecutarán dictámenes y periciales informáticas sobre el programa Meta 4 y se continuarán las entrevistas con capturistas y personal de las Secretarías de Educación y la Oficialía Mayor, donde los imputados desempeñaban sus funciones.
Sustenta Fiscalía cargos contra red delictiva en el Edomex
Las juzgadoras consideraron que los 45 datos de prueba aportados por el Ministerio Público se complementan entre sí, acreditando la participación de los 12 imputados en la creación de plazas falsas. Entre las pruebas se incluyen entrevistas de testigos de oportunidad, compañeros de trabajo y personas beneficiadas con las plazas fantasmas, así como oficios e información sobre las plazas docentes inexistentes y la denuncia original.
La implicación en abuso de autoridad se fundamenta en el exceso de funciones de los señalados, mientras que el cargo de fraude se sustenta en la obtención de un lucro personal mediante la dispersión de 42 millones de pesos. Además, las autoridades judiciales desestimaron la anulación de entrevistas tomadas previamente a algunos detenidos y al testigo de oportunidad, José Daniel Popoca Estrada. Popoca Estrada denunció la red irregular entre el 23 y 25 de marzo, aunque falleció el 27 de marzo. La facultad del apoderado legal de la Secretaría de Educación, Guillermo Calderón Vega, para interponer la denuncia penal que inició la investigación en febrero, fue validada.
Origen y operación de la estructura criminal
Los detenidos son acusados de haber conformado una red criminal desde el año 2021, aprovechando sus cargos para ejecutar acciones conjuntas, planes estructurados y una división de tareas. Este esquema les permitió violar normativas y controles internos, induciendo al Estado a errores en la dispersión de nómina para plazas docentes que eran inexistentes o inactivas.
Entre el 28 de enero y el 6 de noviembre de 2025, la red habría realizado 324 movimientos de altas docentes falsas en beneficio de 168 personas. Estos supuestos empleados carecían de expedientes y estaban adscritos a espacios inactivos desde 2007, ubicados en escuelas secundarias de turno vespertino o planteles ya inexistentes en municipios como:
- Texcoco
- Nezahualcóyotl
- Amecameca
- Cuautitlán
- Ecatepec
- Metepec
- Naucalpan
- Toluca
- Valle de Bravo
La investigación sugiere que existen más involucrados, puesto que los detenidos fueron señalados por otros servidores públicos, destacando el caso de José Daniel Popoca. Datos de prueba identifican a Óscar “N” como el creador y consolidador de la estructura, además de enlace para las plazas docentes fantasmas. Alfredo “N” ejercía la cadena de mando, y Daniel Arturo “N” fungía como coautor activo en la entrega de recursos. David “N”, Araceli “N”, Juan “N”, Yunuen “N”, Fabiola “N”, Cristopher “N” y Diego Emanuel “N” presuntamente ejecutaban desde el reclutamiento hasta las altas irregulares en el sistema para los espacios docentes inexistentes.
Una pericial contable estima que el detrimento al erario público asciende a más de 42 millones de pesos por la creación de estas 324 plazas docentes falsas. Para su implementación, los acusados reclutaban a personas sin el perfil requerido, ofreciéndoles únicamente 3 mil pesos, a pesar de que cada espacio tenía un salario diverso, llegando algunos a los 50 mil pesos quincenales. El esquema fraudulento implicaba la retención de las tarjetas bancarias de los supuestos funcionarios educativos, lo que les otorgaba control total sobre los retiros de dinero.
