CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (XPFM).- La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) lanzó una advertencia contundente frente a cualquier intento de establecer mecanismos de regulación o controles a priori sobre la libertad de expresión, al señalar que este tipo de esquemas deben someterse al más estricto escrutinio constitucional para evitar que una facultad regulatoria termine convirtiéndose en una herramienta de censura.
En un posicionamiento, la organización sostuvo que la libertad de expresión no es una concesión de las autoridades, sino un derecho fundamental y una condición indispensable para el funcionamiento de una democracia.
Por ello, alertó que permitir que el poder público determine los límites del discurso puede tener consecuencias particularmente graves para la crítica, el periodismo y la pluralidad.
La advertencia adquiere especial relevancia en un momento en que se discuten mecanismos para enfrentar la desinformación, el uso de plataformas digitales, las nuevas tecnologías y los contenidos difundidos en redes sociales. Para la BMA, esos problemas son reales, pero no pueden utilizarse como argumento para debilitar derechos fundamentales.
El organismo cuestionó, en particular, los modelos regulatorios que, bajo la justificación de combatir contenidos dañinos o falsos, otorguen a alguna autoridad capacidad para decidir qué puede difundirse y qué debe limitarse. La experiencia, sostuvo, demuestra que esos mecanismos pueden terminar inhibiendo la crítica y generando formas de censura directa o indirecta.
La posición de los abogados representa así un llamado de atención frente a la tentación de responder a los problemas del entorno digital con más controles gubernamentales. En lugar de ampliar las facultades de vigilancia o regulación, la BMA propone fortalecer la educación cívica, la transparencia, el acceso a información veraz y la alfabetización digital, además de utilizar los mecanismos jurídicos que ya existen.
La Barra anunció que durante las próximas semanas realizará foros académicos y de consulta en sus capítulos de todo el país, con la participación de especialistas, periodistas, académicos, organizaciones civiles, medios de comunicación, empresas tecnológicas, autoridades y ciudadanos. El objetivo será analizar los desafíos de la libertad de expresión desde una perspectiva constitucional, convencional y comparada.
Las conclusiones serán entregadas a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y de la sociedad, con la intención de contribuir a que las futuras disposiciones regulatorias sean compatibles con los derechos fundamentales. La organización también informó que participará en la consulta pública abierta por la autoridad, prevista del 27 de julio al 21 de agosto.
El mensaje de fondo resulta difícil de ignorar: combatir la desinformación no puede convertirse en una vía para controlar la información. La frontera entre regulación legítima y censura puede ser particularmente peligrosa cuando quien establece las reglas también tiene intereses políticos, institucionales o de poder en aquello que se pretende regular.
La BMA cerró su pronunciamiento reivindicando una libertad de expresión robusta, independientemente de ideologías o posiciones políticas. En una democracia, el problema no debería ser que existan voces incómodas, críticas o incluso equivocadas, sino contar con instituciones suficientemente sólidas para responder a ellas sin recurrir al silenciamiento ni entregar al poder la facultad de decidir qué discurso resulta aceptable.
