- El senador Castañeda Hoeflich dijo que los tres niveles de gobierno y los poderes de la Unión deben comprometerse a devolver la paz y seguridad.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (XPFM).- El senador Clemente Castañeda Hoeflich hizo un llamado para establecer mesas de trabajo con la academia, sociedad civil y expertos, a fin de analizar, evaluar y corregir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Castañeda Hoeflich inscribió un punto de acuerdo en la Gaceta de la Comisión Permanente del pasado 11 de enero, en el que subraya que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de las personas.
Señaló que las cifras en materia de seguridad pública demuestran que los niveles de violencia en el país se mantienen altos, a pesar de que, desde el inicio de esta administración, el presidente de la República prometió pacificar el país con un nuevo paradigma de seguridad.
El legislador de Movimiento Ciudadano enfatizó que México necesita corregir su estrategia de seguridad pública, pues no ha dado resultados.
Además, dijo, hay que exigir a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas el máximo grado de transparencia y rendición de cuentas; garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos; frenar la expansión y tendencia a la militarización; así como fortalecer a las policías locales y avanzar hacia su profesionalización y eficiencia.
“Esta es una de las responsabilidades fundamentales y necesarias para dar garantía de que los individuos tengan la posibilidad de desarrollar sus potencialidades dentro del conglomerado social, es imprescindible la protección a su integridad física”, agregó en el documento.
Clemente Castañeda refirió que de nueva cuenta hacen un llamado para cambiar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, para que los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión se comprometan a devolverle la paz y seguridad a las y los mexicanos.
Precisó que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, debe diseñar nuevas metodologías que permitan evaluar los efectos de los programas sociales, y de acciones en materia de prevención de la violencia y delitos sobre la incidencia delictiva a nivel local, estatal y nacional.