Los pescadores tradicionales de Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan interpusieron un amparo federal contra Pemex para exigir la reparación integral por el derrame de hidrocarburo ocurrido el pasado 2 de marzo, tras recibir una respuesta discriminatoria del gobierno de Claudia Sheinbaum.
El quiebre del discurso oficial ante la crisis ambiental
La administración federal utiliza los padrones institucionales como barrera para negar la indemnización a quienes dependen de la pesca tradicional en el sur de Veracruz.
- Exclusión sistémica: Pemex condiciona los pagos a la tenencia de permisos de la Conapesca, ignorando que miles de familias operan de manera tradicional sin registros oficiales.
- Respuesta discriminatoria: La respuesta recibida tras la carta enviada a la Presidencia en mayo fue calificada por los afectados como una violación directa a los derechos de los pueblos indígenas.
- Impacto territorial: El derrame afectó más de 600 kilómetros de playas, destruyendo la única fuente de ingresos para los habitantes de la región.
La realidad frente a la narrativa de apoyo indígena
Mientras el gobierno federal presume el respaldo a los pueblos originarios, la práctica institucional impone obstáculos burocráticos que mantienen en el desamparo a más de 1,500 pescadores.
- Población afectada: Más de 600 pescadores han formalizado el amparo legal, representando a 17 comités de pescadores y laguneros.
- Desprecio por la autodeterminación: Maribel Cervantes, del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz, enfatizó que la existencia de estas comunidades es anterior a las leyes del Estado, por lo que la exclusión basada en listas oficiales carece de legitimidad ante sus derechos históricos.
- Contradicción política: Se denuncia una simulación gubernamental donde el discurso oficial ensalza a la mujer y a los pueblos indígenas, mientras se niega el apoyo básico a quienes sufren los estragos de la industria petrolera.
Resistencia frente a nuevas incursiones extractivistas
Las comunidades nahua y nuntajiiyi de la Sierra de Santa Marta denuncian que, a pesar del desastre ambiental aún no resuelto, el gobierno mantiene intenciones de profundizar la exploración petrolera en sus territorios.
- Coacción estatal: Personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha irrumpido en las comunidades para imponer consultas sobre la iniciativa de ley en materia de pueblos indígenas, mientras se violan derechos elementales.
- Frente común: El movimiento está respaldado por organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Colectivo Altepee y la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, quienes exigen que el reconocimiento de sus derechos no sea una concesión retórica, sino una realidad material.
- Demandas claras: La exigencia central es el cese a la discriminación burocrática y el reconocimiento de los pescadores libres como sujetos de derecho ante el daño ambiental provocado por Pemex.
