CIUDAD DE MÉXICO, agosto 23 (XPFM).- La dirigencia y legisladores del PAN exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum fijar una postura clara sobre la nueva licencia solicitada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) avanzar en las investigaciones relacionadas con los señalamientos que pesan sobre el mandatario.
La diputada federal Genoveva Huerta sostuvo que la presidenta debe ofrecer una explicación política sobre el caso, pero alejada, dijo, de cualquier protección partidista, pues afirmó que Sinaloa y el país no necesitan “gobernantes a control remoto” ni mecanismos de encubrimiento desde Morena, sino autoridades que rindan cuentas ante la ley.
Huerta cuestionó el regreso de Rocha Moya al gobierno estatal y la posterior solicitud de una segunda licencia, al considerar que la decisión refleja las presiones internas dentro de Morena y un conflicto político que, a su juicio, no puede resolverse mediante acuerdos partidistas.
La legisladora también amplió sus críticas a los gobiernos estatales encabezados por Morena de Américo Villarreal, en Tamaulipas; Alfonso Durazo, en Sonora; Marina del Pilar Ávila, en Baja California, y Evelyn Salgado, en Guerrero, a quienes señaló como parte de un mismo patrón político.
Por su parte, el diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez, acusó a Morena de convertirse en un mecanismo de protección política para funcionarios cuestionados.
Afirmó que algunos integrantes del partido utilizan su militancia como un “escudo” frente a investigaciones y cuestionamientos, en lugar de responder ante las autoridades y la ciudadanía. “Prefieren repartirse el poder y pactar impunidades en oscurito”, sostuvo.
En tanto, Wendy González Urrutia, consejera nacional del PAN, criticó a Sheinbaum y a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, al considerar que el gobierno federal se ha dedicado a administrar crisis en lugar de atender de fondo los problemas del país.
La panista afirmó que durante la actual administración se han acumulado muchos señalamientos contra funcionarios y figuras políticas de Morena por presuntos actos de corrupción y posibles vínculos con organizaciones criminales.
Los panistas insistieron en que el caso de Rocha Moya debe ser atendido por las instituciones de procuración de justicia y no resuelto mediante acuerdos políticos, al tiempo que demandaron que las investigaciones avancen y que cualquier funcionario señalado responda ante la ley.
