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Organizaciones denunciaron ante la CIDH la criminalización de la protesta feminista en México

  • Organizaciones de la sociedad civil comparecieron en audiencia ante la Comisión Interamericana sobre la “Situación de los derechos humanos de mujeres y niñas en el contexto de las protestas en México”.

CIUDAD DE MÉXICO.- La protesta social en México es estigmatizada y criminalizada por actores de los tres niveles de gobierno, siendo objeto de constantes abusos y violencias particulares debido a un ambiente patriarcal y a un marco normativo represivo al derecho a la libre asociación, la libre expresión y al derecho a defender derechos humanos por parte mujeres, colectivos y movimientos sociales feministas.

En el marco del 181° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con el acompañamiento de Amnistía Internacional, comparecieron en la audiencia temática “Situación de los derechos humanos de mujeres y niñas en el contexto de las protestas en México”.

En la audiencia participaron representantes del Estado mexicano, el Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (OACNUDH) en México e integrantes de la CIDH dónde se denunció que, en un contexto patriarcal caracterizado por una fuerte violencia contra mujeres y niñas como el mexicano, se han levantado voces de colectivas, movimientos feministas y de derechos humanos, que, ante la urgencia y gravedad del contexto, han hecho uso de su derecho a la protesta social, a la libre expresión y al derecho a defender derechos humanos para exigir al Estado mexicano acciones de prevención y erradicación de dichas violencias.

Estas violencias patriarcales, como el uso indebido de la fuerza, violencia sexual e incluso tortura sexual, acoso y hostigamiento físico y digital, se han visto exacerbadas en el contexto de las protestas sociales feministas. Principalmente por el uso indebido del derecho penal, el proceso de militarización que experimenta el país, la falta de controles adecuados y rendición de cuentas por los abusos, la aprobación de marcos normativos, incluyendo tipos penales, que posibilitan las violencias contra las mujeres y la criminalización de la protesta social, el derecho a la libre asociación, reunión y a la manifestación que tienen activistas y mujeres en un país donde se cometen 10 feminicidios en promedio todos los días según datos oficiales.

Las organizaciones plantearon que la publicación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en 2019 contiene en sus disposiciones un “efecto inhibidor” que restringe desproporcionadamente los derechos debido a que discrecionalmente faculta al Estado mexicano a actuar contra protestas que considere violentas. Sumado a que los controles que incorpora no son suficientes, ni permiten la adecuada trazabilidad de la policía, preocupación que manifestó el Relator para la libertad de expresión. Específicamente, las manifestaciones encabezadas por mujeres, a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, han comenzado a ser estigmatizadas como violentas, violando el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión.

Al respecto, las organizaciones plantearon que algunas intervenciones públicas y performativas han sido catalogadas como vandalismo; generando un ambiente hostil al derecho de reunión de las mujeres, deslegitimando su activismo y facilitando que tanto autoridades como particulares ejerzan violencia en su contra en el ámbito físico y digital, propiciando hostigamiento y acoso en línea por parte de terceros, quienes les dirigen amenazas de agresiones físicas y sexuales e incluso de muerte.

La CIDH se manifestó con preocupación respecto a los discursos estigmatizantes, pues las autoridades tienen un papel fundamental en generar contextos propicios para la manifestación.

Las organizaciones firmantes señalaron que durante 2020 y 2021 han documentado represión policial en manifestaciones encabezadas por mujeres en al menos 10 entidades federativas. En todos los casos destaca que durante las detenciones y traslados de las mujeres detenidas, varias mujeres y niñas sufrieron violencia física de distinto tipo, psicológica, así como amenazas y abuso verbal y sexual basada en estereotipos de género, refiriendo que los casos y abusos continúan en impunidad.

Reiteraron que, como lo ha señalado la Corte Interamericana, el uso de la violencia sexual en contra de mujeres durante las manifestaciones y el uso indebido del derecho penal han sido usados para aleccionarlas y castigarlas por ser consideradas “malas mujeres” que merecen un escarmiento por haber desafiado los estereotipos de género. Los cuales sostienen que las mujeres deben permanecer en su casa o en espacios privados, y no en el ámbito público, el que considera a las mujeres como seres pasivos y no como titulares de derechos.

Aun cuando el Estado reconoció parte de los problemas denunciados, la CIDH manifestó su preocupación por la limitada respuesta de las autoridades y sobre la reiterada justificación con relación a las responsabilidades de distintos niveles de gobierno. El Relator de la CIDH para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, reconoció la insuficiencia de los programas de capacitación en un contexto donde no hay trazabilidad de la actuación policial y en el que se fomenta la estigmatización de la protesta social.

Así, en línea con las demandas de la sociedad civil, el representante de la OACNUDH instó al Estado mexicano a que reconozca la legitimidad de las protestas de mujeres y niñas; a abstenerse de realizar declaraciones que las estigmaticen; investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones; y a atender las causas estructurales de las violencias contra las mujeres.

Desde la sociedad civil solicitaron la necesidad de que la CIDH monitoree diferenciadamente las movilizaciones encabezadas por mujeres en el país; y se pronuncie ante presuntas violaciones en su contra. También demandaron la adopción de mecanismos de supervisión sobre la operación policial y medidas específicas para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, así como la implementación de una política pública integral para garantizar el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión.

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