CIUDAD DE MÉXICO, abril 30 (XPFM).- El cambio de postura en Morena frente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no solo evidenció un giro discursivo dentro del oficialismo; también detonó una ofensiva política de la oposición, que ha colocado en el centro la exigencia de consecuencias inmediatas ante la gravedad de las acusaciones provenientes de Estados Unidos.
Mientras figuras morenistas como Ricardo Monreal evitan ya el respaldo explícito y se limitan a invocar la presunción de inocencia y la necesidad de pruebas, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han optado por una ruta mucho más directa: pedir que Rocha Moya deje el cargo o, al menos, se separe temporalmente mientras se investiga.
Desde el PRI, la exigencia es tajante. Su dirigencia sostiene que las acusaciones colocan a Sinaloa y al país en una crisis de credibilidad, por lo que la renuncia del mandatario sería una medida necesaria para no comprometer aún más a las instituciones. Además, han cuestionado qué tanto sabía Morena sobre los señalamientos y por qué no actuó antes.
El PAN, por su parte, elevó el tono al plantear incluso la posibilidad de desaparecer poderes en la entidad. Argumenta que la situación de violencia sostenida, combinada con las acusaciones contra el gobernador, configura un escenario extraordinario que rebasa a las autoridades locales.
En esa lógica, no solo piden la salida de Rocha Moya, sino una intervención institucional más profunda para restablecer condiciones de gobernabilidad.
Movimiento Ciudadano coincide en la necesidad de que el gobernador se aparte del cargo, aunque pone el acento en garantizar una investigación sin interferencias. Su dirigencia nacional ha señalado que el gobierno federal debería deslindarse y permitir que el caso avance sin protección política, subrayando que permanecer en funciones debilita la credibilidad del proceso.
En la Cámara de Diputados, las peticiones se multiplican: desde solicitar licencia hasta promover el desafuero para que enfrente la justicia.
Legisladores opositores insisten en que no basta con esperar a que se presenten pruebas formales, sino que la magnitud de los señalamientos obliga a tomar medidas preventivas desde ahora.
El contraste con Morena es marcado. Mientras la oposición exige acciones inmediatas y visibles, el oficialismo insiste en que la solicitud estadounidense carece de elementos probatorios y que corresponde a la Fiscalía determinar el curso del caso. Bajo ese argumento, descartan por ahora cualquier separación del cargo.
Esa diferencia de enfoques ha alimentado las acusaciones de doble rasero. Para la oposición, Morena ha pasado de cerrar filas sin matices a refugiarse en tecnicismos legales cuando los cuestionamientos afectan a uno de los suyos.
En ese contexto, las demandas de renuncia, licencia o incluso desaparición de poderes no solo buscan una salida institucional, sino también exhibir lo que consideran una respuesta insuficiente del oficialismo ante una crisis política de alto impacto.
