El Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo denunció la instrumentalización del sistema judicial por parte del gobierno federal en contra del exgobernador de Baja California. Líderes políticos calificaron el proceso actual como una maniobra de persecución ideológica ante la falta de sustento probatorio sobre las acusaciones financieras.
El frente opositor y la defensa de la integridad de Ruffo
La coalición que exige la libertad del exgobernador integra a figuras clave de la vida pública nacional como Vicente Fox Quesada, Ricardo Anaya Cortés, Jorge Romero Herrera, Guadalupe Acosta Naranjo, Emilio Álvarez Icaza, Juan Carlos Romero Hicks y Amado Avendaño. El respaldo político transversal apunta a la defensa de un perfil histórico del panismo frente a lo que consideran una embestida autoritaria del régimen de la 4T. El presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, enfatizó durante el encuentro que el proceso penal carece de lógica financiera al contrastar la supuesta magnitud del fraude imputado con el estilo de vida austero que mantiene el exmandatario de setenta y cuatro años de edad.
Disonancias y el trasfondo de la narrativa política
El cuestionamiento central de la oposición radica en la sospecha de una cortina de humo destinada a neutralizar el impacto negativo generado por los audios vinculados a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La sincronización temporal entre la reactivación del expediente judicial contra Ruffo y las crisis de imagen que enfrenta la administración estatal de Morena alimenta la tesis de una represalia política calculada. El bloque opositor subraya que mientras el aparato de justicia del Estado opera con severidad contra figuras críticas, se observa una omisión selectiva en otros casos de alto perfil, como las acusaciones que rodean al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo cual evidencia, bajo la perspectiva de los asistentes, un doble rasero judicial inaceptable en una democracia.
Exigencias ante la fiscalía general de la república
El Comité Plural sostiene una agenda de presión permanente para que la Fiscalía General de la República rectifique la medida cautelar que mantiene al exgobernador confinado en el penal del Altiplano. La defensa ha señalado irregularidades en el trato recibido por el detenido, particularmente en lo referente a su acceso a medicamentos indispensables para su salud. El compromiso de las fuerzas opositoras se centra en mantener el caso en el debate público como un símbolo de la fragilidad del estado de derecho ante la arbitrariedad gubernamental, exigiendo transparencia y un debido proceso que garantice la liberación inmediata de un personaje cuya trayectoria, según sus defensores, es incompatible con las acusaciones de huachicol fiscal que se le atribuyen.
(Con información de Proceso)
