• La entidad con mayor número de personas desaparecidas es Jalisco con 15 mil registros hasta el primero de diciembre; Tamaulipas, Estado de México y Veracruz complementan la lista de entidades con más personas desaparecidas al sumar más de 31 mil registros entre los tres
Por Elizabeth Hernández/ONEA
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 01.- Al menos una docena de casos sobre personas desaparecidas a manos del crimen organizado en Michoacán fueron atraídos por la Organización de las Naciones Unidades (ONU), que analizará las acciones de las autoridades mexicanas para determinar acciones urgentes que permitan resolver estas investigaciones.
Estos casos fueron atraídos por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) luego de que familiares de estas víctimas presentaran una serie de denuncias por la inacción de distintas autoridades locales, estatales y federales para encontrar a sus seres queridos.
Los casos fueron presentados por el colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán, quienes denunciaron estas irregularidades con el fin de promover una serie de recomendaciones oficiales que obliguen al Estado mexicano a cumplir con sus responsabilidades frente a estas víctimas.
El CED aceptó la primera petición a mediados de junio, por lo que se espera que el número de carpetas que someta a revisión este organismo aumente en los próximos meses, e incluya un caso en la que se tienen pruebas sólidas de la participación de las autoridades locales en la desaparición de una persona en Michoacán.
Integrantes de este colectivo denunciaron que la intervención de un organismo internacional es una forma de presionar a las autoridades del país, quienes “acosan a las familias en lugar de buscar a las personas desaparecidas o a quienes se los llevaron”.
Evangelina Contreras, fundadora de este colectivo, detalló que las familias de las víctimas tienen que hacer las tareas de investigación de estos delitos porque las autoridades las mandan para “apresurar” el proceso, lo que pone en doble riesgo a estas personas.
La activista señaló que desde que el CED atrajo el primer caso las autoridades mexicanas fueron obligadas a realizar búsquedas en sitios que están prohibidos debido al control que ejercen en este territorio distintos grupos del crimen organizado.
Otros colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han hecho denuncias similares, e incluso organismos internacionales como la Agencia de Ayuda al Extranjero (USAID por sus siglas en inglés) de Estados Unidos han asignado una fuerte cantidad de recursos para combatir esta crisis que continúa en aumento a lo largo del país.
Esta no es la primera vez que alguna dependencia o comité internacional expresa su preocupación por esta crisis; de hecho, la ONU-DH México presentó ayer por la tarde la tercera edición de la publicación “La desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas”
La publicación advierte que “la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio”, y agrega que “el marco normativo en vigor, así como su aplicación y el desempeño de algunas autoridades competentes, no se conforman plenamente con las obligaciones de la Convención”.
Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) revelan que existen 267 mil 453 personas en esta condición en todo el país, de las cuales el 40.56% no han sido encontradas.
La entidad con mayor número de personas desaparecidas es Jalisco con 15 mil registros hasta el primero de diciembre, una cifra que dimensiona las miles de denuncias públicas sobre la gravedad de esta crisis en esa localidad, así como los nulos esfuerzos gubernamentales por erradicar este problema.
Tamaulipas, Estado de México y Veracruz complementan la lista de entidades con más personas desaparecidas al sumar más de 31 mil registros entre los tres; si a esto se añade la cifra de Jalisco, encontramos que cinco de cada 10 casos de este tipo ocurrieron en algunas de estas cuatro localidades del país.
