CIUDAD DE MÉXICO, junio 03 (XPFM).- La presión de las autoridades estadounidenses sobre figuras políticas mexicanas vinculadas presuntamente con actividades del crimen organizado habría escalado a un nuevo nivel. De acuerdo con una investigación publicada por Los Angeles Times, los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, forman parte de indagatorias que realiza el gobierno de Estados Unidos por supuestos nexos con organizaciones criminales.
El reportaje, firmado por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, sostiene que ambos mandatarios estatales habrían perdido sus visas estadounidenses en el marco de dichas investigaciones. Sin embargo, señala que continúan ingresando a territorio norteamericano mediante una figura migratoria excepcional conocida como “libertad condicional por beneficio público significativo”, mecanismo reservado para casos específicos autorizados por las autoridades estadounidenses.
La publicación aparece en un momento particularmente delicado para la relación bilateral. La administración del presidente Donald Trump ha endurecido su discurso y sus acciones contra funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar o facilitar operaciones de grupos criminales, una estrategia que ha incrementado la tensión diplomática con el gobierno federal mexicano.
Según el diario, las pesquisas ya no estarían enfocadas únicamente en líderes de organizaciones delictivas, sino también en funcionarios en activo y exservidores públicos que pudieran haber mantenido vínculos con estas estructuras.
Bajo esa lógica, el nombre de Alfonso Durazo aparece relacionado con una investigación que, según las fuentes citadas por el medio, se mantiene abierta desde hace tiempo. El reporte agrega que el gobernador sonorense viaja con frecuencia a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.
En el caso de Américo Villarreal, la información difundida por el periódico estadounidense vincula las indagatorias con presuntas redes de tráfico ilegal de combustible, una actividad que durante años ha sido identificada por autoridades mexicanas y estadounidenses como una de las principales fuentes de financiamiento de grupos criminales en la región fronteriza.
Las acusaciones fueron rechazadas de inmediato por ambos gobiernos estatales. En Sonora, la titular de Comunicación Social, Paloma Terán, aseguró que Durazo conserva una visa vigente y afirmó que ninguna autoridad estadounidense ha notificado al mandatario sobre investigación alguna. En Tamaulipas, el coordinador de Comunicación Social, Gerardo Algarín, calificó la publicación como una versión sin respaldo documental y sostuvo que no existen pruebas públicas que sustenten los señalamientos.
El episodio representa un nuevo desafío para Morena y para el discurso oficial de la llamada Cuarta Transformación, que durante años ha sostenido que el combate a la corrupción y la separación entre el poder político y las organizaciones criminales constituyen pilares centrales de su proyecto. La aparición reiterada de funcionarios, exfuncionarios y figuras cercanas al movimiento en investigaciones o reportes provenientes de agencias y medios estadounidenses alimenta cuestionamientos sobre la efectividad de esa narrativa y coloca nuevamente a los gobiernos morenistas bajo el escrutinio internacional.
Hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha presentado públicamente cargos formales contra los gobernadores mencionados. Sin embargo, la sola existencia de reportes que los ubican dentro del radar de las agencias de seguridad de Estados Unidos añade un elemento de incertidumbre política que podría tener repercusiones tanto en la relación bilateral como en la imagen de los gobiernos estatales involucrados.
