CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (XPFM).- La posibilidad de una detención urgente con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue sin avanzar debido a que las autoridades estadounidenses no han presentado elementos suficientes que la sustenten, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su conferencia, la mandataria aclaró que actualmente no existe un proceso formal de extradición en contra del político sinaloense, sino únicamente una solicitud de detención urgente promovida por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, sostuvo que dicha petición carece de las pruebas necesarias para que pueda ejecutarse.
“No hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ningunas pruebas”, afirmó Sheinbaum al explicar que la solicitud estadounidense no cumple con los requisitos exigidos para proceder de manera inmediata.
La presidenta precisó que, en caso de que la petición sea rechazada, las autoridades norteamericanas todavía tendrían la posibilidad de iniciar un procedimiento formal de extradición, lo que abriría una ruta jurídica distinta y más extensa.
“Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición”, señaló.
Las declaraciones ocurren en medio de la creciente atención pública sobre la situación de Rocha Moya, cuya administración ha estado marcada por cuestionamientos relacionados con la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa y por las investigaciones que han trascendido desde Estados Unidos.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó versiones sobre un supuesto esquema especial de resguardo para el mandatario sinaloense.
El funcionario aseguró que Rocha Moya no cuenta con escoltas federales ni con protección asignada por el Gobierno de México. Según explicó, tampoco existe una solicitud formal de seguridad presentada por el gobernador con licencia.
La postura del gobierno federal busca contener las especulaciones sobre un eventual blindaje institucional hacia Rocha Moya. No obstante, la ausencia de un proceso formal y la insistencia de las autoridades mexicanas en la falta de evidencias contrastan con la persistencia de versiones e investigaciones que mantienen al exmandatario bajo escrutinio público, en un contexto donde las exigencias de transparencia y rendición de cuentas continúan creciendo.
