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Ni Tesofe ni SHCP están facultadas para recibir fondos de fideicomisos del PJF

Especialista en Derecho Constitucional explicó porque 4T no puede tener control sobre los fideicomisos del PJF.

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (XPFM). -El abogado especialista en Derecho Constitucional y Penal, Fidel Ordoñez Solana, explicó que ni la Tesorería de la Federación ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) están facultadas para recibir el dinero de los fideicomisos cancelados al Poder Judicial de la Federación (PJF).

Los fideicomisos del PJF están en la mira del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace unas semanas atrás, primero argumentando que los cerca de 15 mil millones de pesos que hay en ellos podrían servir para con los programas de desarrollo.

Tras el golpe del Huracán Otis en las costas de Guerrero, en donde causó estragos por cientos de millones de dólares, el discurso del mandatario se modificó a que el dinero sería utilizado para la recuperación del puerto.

El Poder Legislativo se puso a disposición del Poder Ejecutivo

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De acuerdo al especialista en Derecho Constitucional y Penal, las pretensiones de López Obrador y de los legisladores que se pusieron a su servicio, las maniobras realizadas para apoderarse de los fondos de los 13 fideicomisos, son ilegales e ilegítimas.

Una razón por las que la SHCP no puede recibir los fondos de los fideicomisos es que es presupuesto actual ejercido por el PJF, la SCJN y el Consejo de la Judicatura, cuando la ley marca que el dinero que se regrese debe ser el remanente del ejercicio fiscal.

Los legisladores oficialistas realizaron al vapor un cambio en el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para terminados los mandatos correspondientes, con la finalidad de que en el plazo máximo de 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto.

El especialista en derecho aseguró que los cambios legales no alcanzan para que López Obrador y los legisladores oficialistas se apoderen del dinero de los fideicomisos y sean colocados en la Tesorería de la Federación o en la SHCP.

“Lo que busca el Poder Legislativo (los diputados y senadores) le sirva al Poder Ejecutivo (al Presidente López Obrador), violando las leyes al realizar una aplicación retroactiva por un dinero que fue presupuestado por gobiernos anteriores hace casi 30 años.

“Ese dinero no puede regresar de ninguna manera a la Tesorería ni a la SHCP, porque es dinero asignado y son montos derivados desde el año de 1996, 1997 y 1998, porque es cuando fue creado este sistema de fideicomisos tan atacado por la 4T”, explicó Ordoñez Solana.

Ingresar los fondos a la Tesofe o a la SHCP sería una grave violación a las leyes

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En caso de que el dinero tuviera que salir de los fideicomisos, el dinero se tendría que ingresar a la Dirección General de Administración del Poder Judicial de la Federación (DGAPJF), que es el órgano facultado para recibir remanentes de los fideicomisos.

A mediados de los años 90 los trabajadores del PJF se vieron en la necesidad de iniciar un sistema de ahora luego de las reformas de pensiones que los dejaron desprotegidos, fue cuando en un fideicomiso se generó un fondo para el retiro.

Fue el 1 de enero de 1999 cuando surgieron las normas y reglas de operaciones en la aplicación de los fideicomisos dentro del artículo 49 de ese decreto de presupuesto de ese año.

“Aquí hay una aplicación evidentemente retroactiva porque es dinero que fue presupuestado desde hace caso 30 años. Se está tratando que el Poder Legislativo le sirva al Poder Ejecutivo de mover dinero que no le tocó a Morena (administrar).

“Le tocó a dos gobiernos de Acción Nacional y como a tres gobiernos del PRI, pero que es dinero de los trabajadores que tienen muchos años dedicados de una manera muy profesional en el poder judicial federal”, destacó Ordoñez Solana.

La forma en que funciona el fondo es que los trabajadores aportan de manera voluntaria parte de su salario al mes y el PJF, la SCJN o el Consejo de la Judicatura apartan una cantidad igual como derecho para el operario y en un acuerdo estipulado en la ley.

El especialista explicó que l momento de que el Gobierno Federal tome el dinero de ese fondo, le estaría quitando a los trabajadores sus ahorros para el retiro entregados por ellos mismos al fondo y, la otra mitad, es dinero programado por ley para ese rubro dentro de los beneficios complementarios.

Otros beneficios complementarios que se verían afectados serían los capacitación, en donde se utiliza dinero de fideicomisos en las Casas de la Cultura de los Estados para realizar cursos, maestrías e incluso doctorados.

Al cancelarse los fideicomisos, las rentas de las instalaciones o inmuebles en donde se imparten los cursos no se podrán pagar, ni a los maestros y trabajadores que laboran en ellos. En este sentidos, los estudiantes pagan sus postgrados y el dinero va directo al fideicomiso.

Cancelar los fondos de riesgos, implicaría dejar en el desamparo a jueces que dictan sentencias a miembros del crimen organizado, lo que los dejaría sin protección porque no habría para pagar personal de seguridad i autos blindados, quedando desprotegidos ante los grupos criminales.

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