CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (XPFM).- En pleno 10 de Mayo, comunidades indígenas de la Montaña baja de Guerrero denunciaron una nueva escalada de violencia atribuida al grupo criminal Los Ardillos, situación que habría provocado el desplazamiento forzado de más de 1000 familias en la región, mientras persisten los señalamientos por la falta de intervención de las autoridades federales y estatales.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) informó que los ataques comenzaron desde el pasado 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán. De acuerdo con la denuncia, hombres armados realizaron agresiones con armas de fuego e incluso con drones, generando temor entre los habitantes y obligando a numerosas familias a abandonar sus hogares.
Según los reportes difundidos por la organización, la comunidad de Tula habría quedado prácticamente vacía debido al desplazamiento masivo, mientras que en Xicotlán una mujer resultó herida por impactos de bala durante las agresiones.
El CIPOG-EZ acusó una presunta omisión por parte del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades estatales, al asegurar que los grupos armados instalaron una trinchera a escasos 200 metros de una base militar sin que existiera una reacción por parte de las fuerzas de seguridad.
La organización indígena cuestionó la respuesta del Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ante la crisis de violencia que enfrentan las comunidades originarias de Guerrero, señalando que, pese al discurso oficial sobre atención a los pueblos indígenas, la población continúa expuesta a ataques del crimen organizado y desplazamientos forzados sin protección efectiva del Estado.
