CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 04 (XPFM).- Mientras crecen los señalamientos sobre la presunta penetración del crimen organizado en la política mexicana, Ricardo Monreal cerró la puerta a una de las propuestas más severas contra funcionarios que se coludan con grupos criminales: penas de hasta 140 años de prisión, multas millonarias y delitos que no prescriban.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados adelantó que su bancada no acompañará la iniciativa presentada por el PAN, que plantea castigar con entre 80 y 140 años de cárcel a servidores públicos vinculados con organizaciones delictivas. “Yo no soy draconiano”, respondió Monreal al ser cuestionado sobre la propuesta.
Su argumento es que aumentar las penas no necesariamente reduce los delitos. Sin embargo, la discusión adquiere especial relevancia en un momento en que distintos políticos mexicanos, incluidos integrantes y figuras cercanas a Morena, han enfrentado señalamientos públicos sobre posibles vínculos con grupos criminales, aunque no todos esos casos han derivado en acusaciones judiciales.
Monreal sostiene que la respuesta debe estar en la investigación y en impedir que personas relacionadas con el crimen lleguen a cargos públicos. Aseguró que Morena debe investigar a sus propios aspirantes y retirar candidaturas cuando encuentre relaciones con organizaciones criminales.
La iniciativa panista propone penas de 80 a 140 años, multas de hasta 24 mil días y la imprescriptibilidad de estos delitos, lo que permitiría perseguirlos incluso décadas después de cometidos.
Monreal, en cambio, considera excesiva esa respuesta. La discusión apenas comienza, pero aun cuando no vaya a ser aprobada por la mayoría deja una pregunta sobre la mesa: si un funcionario entrega al crimen organizado una parte del poder del Estado, ¿qué castigo sería proporcional a la gravedad de esa conducta?
Retirar una candidatura puede impedir que alguien llegue al poder. Pero si la colusión ocurre después, la discusión ya no es electoral: es penal y toca directamente la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado.
