• El diputado Humberto Aguilar (PAN) se congratuló de que al fin alguien en la bancada de Morena leyó el dictamen que aprobaron el pasado 27 de diciembre.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (XPFM).- La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley General de Comunicación Social para permitir que estados y municipios determinen su propio límite de gasto en publicidad.
El diputado Mario Rafael Llergo Latournerie (Morena) señaló que se plasmara en la Ley General de Comunicación Social la facultad de autodeterminación de las entidades federativas y los municipios en materia de gasto destinado para comunicación social.
“Es decir, se les otorga, la facultad de determinar el límite del gasto del programa anual de comunicación”, expresó mediante un comunicado.
Lo anterior, por medio una reserva que presentó durante la dictaminación del proyecto de reforma al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en la Comisión de Gobernación y Población, la cual fue avalada por este órgano legislativo con 28 votos a favor.
El diputado indicó que esta modificación sólo deroga el último párrafo, por lo que es pertinente proponer una redacción clarificadora, que quedaría de la siguiente manera:
“Las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del programa anual de comunicación social, considerando los principios previstos en el artículo 5 bis de esta ley”, señaló.
En ese sentido, apuntó que la reforma va a permitir otorgar facultades a las entidades federativas, municipios, y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a efecto de que considerando sus características particulares cuenten con los elementos necesarios de tipo presupuestal, para fortalecer el derecho al acceso de la información consagrado en el artículo sexto constitucional”.
Además, agregó, con esta facultad el gasto del programa anual de comunicación social deberá considerarse bajo los principios de austeridad republicana, economía y racionalidad presupuestaria, así como el del beneficio informativo de la población, y la legalidad de la correcta administración de bienes y recursos públicos.
Llergo Latournerie argumentó que la erogación en el rubro de comunicación debe salvaguardar el principio de territorialidad, el cual, “establece que los mensajes deben abarcar el área geográfica donde viven las personas interesadas en el mensaje”.
El texto vigente de la ley, que forma parte del llamado plan B electoral del gobierno federal, limita a 0.1% del presupuesto para cada ente de gobierno, desde la Federación hasta los municipios, el gasto que pueden hacer en difusión.
Sin embargo, la modificación aprobada por 27 votos a favor —pero con las abstenciones del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN)—, dejó intacto el porcentaje de 0.1% y agregó una excepción por medio de una reserva presentada por el diputado Mario Llergo (Morena) que establece que “las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinarán su propio límite del gasto del programa anual de comunicación social…”.
Por su parte, el diputado Humberto Aguilar (PAN) se congratuló de que al fin alguien en la bancada de Morena leyó el dictamen que aprobaron el pasado 27 de diciembre.
“Nosotros vamos en abstención porque estos dos últimos párrafos del artículo 26 que le añadieron en la reforma de diciembre son parte de la acción de inconstitucionalidad que presentamos un grupo de diputados y que la Corte está por definir qué sucederá con este artículo”, expuso el panista.
Y agregó: “Les dijimos en su momento, esto es una invasión de competencias, no nos hicieron caso y lo votaron. Qué bueno que se hace esta rectificación, pero no es el momento procesal adecuado porque esta parte es parte integrante de la acción de inconstitucionalidad que presentamos algunos meses y por eso nuestra abstención en la comisión”.
En la sesión ordinaria de este miércoles en el pleno de San Lázaro se aprobó la modificación con 470 votos a favor y se envió al Senado para su análisis.
Información de Latinus/Cámara de Diputados