CIUDAD DE MÉXICO, octubre 06 (XPFM).- Diputados Federales se disponen a discutir una reforma que podría modificar de manera sustancial la relación entre la seguridad nacional, las Fuerzas Armadas y la actividad económica del país. En un dictamen que llegará a la Cámara de Diputados, que ya aprobó el Senado de la República y fue impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se propone que Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública tengan voz y voto permanente dentro de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). El cambio no se limita a operaciones consideradas estratégicas: su participación alcanzaría las decisiones ordinarias de la Comisión.
En este sentido, y de concretarse su aprobación se estaría ante un tema preocupante. Bajo el argumento de reforzar los controles frente a posibles riesgos para la seguridad nacional, se colocaría a instituciones militares y de seguridad pública en decisiones que pueden involucrar inversiones en escuelas privadas, despachos jurídicos, aeródromos, ferrocarriles y otras actividades civiles.
Es decir, el filtro de seguridad nacional dejaría de estar circunscrito a casos excepcionales para convertirse en una participación permanente de los militares dentro del órgano que determina las condiciones de entrada de capital extranjero.
La reforma plantea además una diferencia difícil de pasar por alto: mientras organismos como la UIF, el SAT, la FGR y el CNI acudirían a la mesa como invitados y sin derecho a voto cuando se discutan asuntos de seguridad nacional, Sedena y Marina conservarían su voto en todas las resoluciones. El diseño propuesto abre así una discusión que va más allá de la inversión extranjera: ¿hasta dónde puede extenderse la participación de las Fuerzas Armadas en ámbitos que tradicionalmente corresponden a la administración civil y económica?
La oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— ha advertido precisamente sobre ese desplazamiento y también cuestiona la figura de negativa ficta contemplada en el procedimiento. Si transcurren 45 días hábiles sin una respuesta, el silencio administrativo tendría consecuencias sobre la solicitud. En un trámite que involucra capital extranjero, autorizaciones y criterios de seguridad, la falta de una resolución expresa puede convertirse en otro factor de incertidumbre para las empresas.
La preocupación adquiere mayor peso cuando se observa qué tipo de inversión está llegando realmente al país. Aunque Economía reportó un récord de 34 mil 968 millones de dólares de IED en el primer semestre de 2026, casi nueve de cada diez dólares correspondieron a reinversión de utilidades de compañías que ya estaban en México. Las nuevas inversiones representaron apenas 7.8%, con 2 mil 726 millones de dólares. El dato revela que el récord anunciado no necesariamente significa una llegada masiva de nuevos capitales.
Por eso, el debate no es únicamente si México necesita revisar inversiones por motivos de seguridad nacional —una facultad que ya existe en distintos ámbitos—, sino qué autoridad debe hacerlo y hasta dónde debe llegar esa revisión. Con un flujo de capital nuevo todavía reducido, añadir a las Fuerzas Armadas como actores con voto permanente en decisiones comerciales civiles podría generar una señal contradictoria: buscar mayor protección frente a riesgos, mientras se incorpora un nuevo nivel de intervención institucional que los inversionistas tendrán que considerar.
La discusión de fondo será entonces si la reforma consigue el equilibrio que plantea su exposición de motivos o si termina ampliando el papel de las Fuerzas Armadas hacia terrenos económicos que no necesariamente guardan relación directa con una amenaza a la seguridad nacional. El resultado será especialmente relevante para un país que presume cifras récord de inversión, pero que al mismo tiempo registra una participación históricamente baja de capital extranjero nuevo.
Fuente: Laura Brugés @LauraBruges
