CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 01 (XPFM).- La muerte de un elemento del Primer Batallón de Fuerzas Especiales, tras la detonación de una mina durante un recorrido de vigilancia en Tumbiscatío, elevó a 18 el número de militares muertos en Michoacán desde 2024 por minas y otros artefactos explosivos utilizados por grupos criminales.
El ataque ocurrió el 31 de agosto en Las Playitas. El militar, identificado como Juan Manuel B. M., resultó gravemente herido y posteriormente murió en la 43 Zona Militar, en Apatzingán. Su fallecimiento se suma a una cadena de ataques que ha convertido caminos rurales y zonas serranas en territorios de alto riesgo para las Fuerzas Armadas.
Los primeros casos ocurrieron en febrero de 2024, cuando cinco militares murieron en Tepalcatepec y Aguililla. En diciembre de ese año fallecieron otros cuatro en Cotija y Buenavista, mientras que en mayo de 2025 ocho militares murieron tras la explosión de un artefacto contra un convoy en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.
El problema se ha agravado. Datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán indican que en 2024 fueron desactivados 739 artefactos explosivos improvisados, cifra que aumentó a mil 645 en 2025. También se han localizado dispositivos adaptados para ser transportados o detonados mediante drones.
Municipios como Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec y Aguililla concentran diversos hallazgos, en medio de la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos y otras células criminales.
El saldo deja algo más que una estadística de bajas militares: los grupos criminales han convertido los caminos y brechas de Tierra Caliente en auténticos campos minados, obligando a las Fuerzas Armadas a enfrentar una amenaza cada vez más sofisticada y difícil de detectar.
Pero las Fuerzas Armadas no son las únicas víctimas. Investigaciones periodísticas han documentado al menos 16 civiles muertos en Michoacán por minas y otros explosivos utilizados por grupos criminales desde 2022, entre campesinos, jornaleros y estudiantes.
Aunque esta cifra abarca un periodo mayor al de los 18 militares contabilizados desde 2024, evidencia que la expansión de estas armas también está cobrando vidas entre la población civil, convirtiendo la disputa criminal por el territorio en una amenaza para quienes viven y trabajan en las zonas afectadas.
