CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (XPFM).- Nueve organizaciones civiles mexicanas recibieron con agrado la visita a México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y le extendieron un respetuoso llamado público a considerar que los retrocesos en materia de seguridad, justicia y Estado de Derecho, formen parte de las recomendaciones que derivarán de su visita al país.
“Pese a las recomendaciones de organismos internacionales al Estado mexicano para un plan de retiro de las fuerzas armadas, su uso en seguridad pública continúa. Sin embargo, la violencia no ha disminuido y, por el contrario, preocupa que el uso de la militarización para atenderla ha causado violaciones graves a los derechos humanos”, señalaron las ONG´S.
Advirtieron también que “el poder político y económico de las fuerzas armadas se ha extendido a otros rubros civiles“, como la administración de puertos, la construcción de infraestructura y el control de empresas.
Señalaron que, en 2024, se eliminaron de la Constitución las normas que impedían a las fuerzas armadas emprender tareas civiles en tiempos de paz, incluidas las funciones de seguridad.
“Esto erosiona al Estado de Derecho, por lo que es urgente implementar mecanismos de control democrático y rendición de cuentas a las fuerzas armadas, además de insistir en la importancia de un modelo civil de la seguridad”, afirmaron las 9 organizaciones firmantes.
La estrategia de combate armado contra el crimen organizado no ha funcionado para reducir la violencia y la criminalidad. Por el contrario, la violencia letal y la crisis de desapariciones en México se agravan. Es indispensable que el Alto Comisionado conmine al gobierno de México a cooperar con instancias internacionales para adoptar medidas inmediatas para la prevención, búsqueda y protección de las víctimas.
“La impunidad generalizada es una prioridad urgente: sólo 1 de cada 100 delitos se resuelve en México. Por ello, es indispensable atender sus causas estructurales: la débil capacidad investigativa, la ausencia de protección a testigos, la corrupción y la falta de autonomía real de las Fiscalías”, sentenciaron.
La reforma judicial removió a más de 6,000 personas juzgadoras de carrera para sustituirlas mediante voto popular. Esto sin garantizar conocimientos, aptitudes e independencia, generando un retroceso en la división de poderes. Las elecciones judiciales de 2025 tuvieron consecuencias graves: resultaron electas personas sin capacidad jurisdiccional, muchas vinculadas al poder político o al crimen organizado.
Así mismo, resaltaron la necesidad de abolir la prisión preventiva oficiosa —en lugar de aumentarla, como ha sucedido en los últimos años— para que las autoridades sólo puedan recurrir a la prisión preventiva cuando se justifique como necesaria y proporcional caso por caso; así como garantizar mecanismos de control constitucional como el amparo.
Para finalizar, las asociaciones dijeron que confían en que “la visita del Alto Comisionado será una oportunidad para que el Estado mexicano abra caminos de diálogo, cooperación y acciones concretas necesarias para atender las diversas problemáticas vinculadas con las violaciones a derechos humanos”. Por lo que consideran indispensable integrar las documentaciones, testimonios y voces expertas de víctimas, colectivos y sociedad civil defensora de derechos humanos, en busca de un mejor país.
