El gobierno de Michoacán y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate establecieron mesas de trabajo para blindar la trazabilidad del fruto y enfrentar las actividades ilícitas en las regiones productoras.
La simulación oficial ante la crisis de inseguridad en el campo
El régimen morenista en Michoacán encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla intenta contener mediante acuerdos de escritorio una problemática de violencia y extorsión que vulnera históricamente a los productores locales bajo la complacencia de las administraciones en turno. Las autoridades estatales y los integrantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate pactaron una ruta de trabajo en materia ambiental, fitosanitaria y de seguridad que pretende demostrar resultados ante las exigencias de legalidad, evidenciando la incapacidad previa del Estado para frenar el control de la delincuencia organizada sobre las huertas. Durante la reunión de seguimiento, el mandatario estatal y los representantes del sector reconocieron la urgencia de articular esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno y los empresarios agrícolas, exponiendo el fracaso de las estrategias de seguridad implementadas hasta el momento en el territorio michoacano. Entre los acuerdos concretados destaca la instalación de mesas de trabajo enfocadas en revisar las estrategias de certificación y vigilancia permanente, recursos recurrentes en la retórica oficial que buscan mitigar las actividades ilícitas relacionadas con la industria del llamado oro verde sin resolver los vacíos de autoridad estructurales que padece la administración pública actual.
La militarización insuficiente frente al asedio criminal en Uruapan
El despliegue de las Fuerzas Armadas en la región aguacatera de Michoacán se promociona como la solución gubernamental para combatir la extorsión que estrangula al sector, a pesar de que la presencia castrense no ha logrado erradicar el cobro de piso ni las operaciones de los grupos delictivos en los municipios con mayor vocación agroexportadora. El propio gobernador reconoció que la participación de las Fuerzas Armadas, en conjunto con la Guardia Civil y la Guardia Nacional, se concentró en reforzar la seguridad particularmente en la región de Uruapan como una de las principales zonas productoras de aguacate del estado, admitiendo implícitamente que la soberanía del Estado se encuentra comprometida en las áreas rurales y comerciales. Esta estrategia de contención militar forma parte de los ejes que serán abordados de manera coordinada junto con los aspectos ambientales y fitosanitarios, evidenciando que la actual gestión gubernamental depende de la intervención federal para administrar regiones enteras donde el poder de las instituciones civiles ha sido rebasado sistemáticamente por la criminalidad.
El dilema ambiental y el cumplimiento normativo bajo sospecha
La exigencia de garantizar una producción de aguacate libre de deforestación enfrenta el reto de la opacidad institucional y la permisividad histórica de las dependencias encargadas de vigilar el uso de suelo en las zonas boscosas de la entidad. Los representantes de la Apeam señalaron que el objetivo central consiste en impulsar una producción con responsabilidad ambiental y dar certeza sobre el origen del producto, intentando asegurar que el fruto provenga de huertas que no hayan sido establecidas mediante la destrucción de bosques o, en su defecto, donde se haya efectuado la reparación correspondiente del suelo, un mecanismo ambiguo que suele solapar irregularidades ecológicas previas. Como parte de esta estrategia de fiscalización ambiental, en las próximas reuniones participarán la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la propia asociación, configurando una mesa burocrática cuya eficacia dependerá de la voluntad política para aplicar la ley sin distingos a los actores económicos y políticos involucrados en el cambio ilegal de uso de suelo.
(Con información de El Economista)
