La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México analizará la prohibición legal de la eutanasia y el suicidio asistido, impulsada por el caso de una mujer con cáncer que busca autonomía para decidir sobre su fin de vida.
Litigio fundamental sobre el derecho a la muerte digna
El máximo tribunal, con ocho votos, decidió revisar el amparo indirecto presentado por una mujer diagnosticada con cáncer en dos ocasiones, quien actualmente recibe tratamiento médico. La quejosa, con formación en tanatología, ha dedicado su vida a asistir a personas y familias con enfermedades terminales. Su reclamo se centra en disposiciones sanitarias sobre el trato a pacientes terminales y cuidados paliativos.
El ministro Irving Espinosa detalló que la recurrente impugna:
- Disposiciones en materia de salud referentes al trato para pacientes con enfermedades terminales.
- Normativas sobre cuidados paliativos.
- La inconstitucionalidad de tipos penales federales y de la Ciudad de México que sancionan la eutanasia y la asistencia al suicidio.
Alcance inédito en el criterio jurisdiccional
Este asunto representa una oportunidad para que la Corte establezca un criterio jurisdiccional sin precedentes en México sobre la eutanasia y otros procedimientos de muerte asistida. El ministro Giovanni Figueroa subrayó la relevancia del expediente.
La Jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México sobreseyó el amparo en 2025. La resolución argumentó que la quejosa reclamaba preceptos legales en su carácter de autoaplicativos, alegando que vulneraban su dignidad al no permitirle decidir libre y autónomamente sobre el término de su vida. Sin embargo, la juzgadora consideró que la mujer no se encontraba en una situación especial frente a dichas normas, invalidando su interés legítimo para impugnar artículos de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y reglamentos de la Ciudad de México.
Ponderación de autonomía y conciencia individual
Este miércoles 17 de junio de 2026, la Corte reasumió su competencia para resolver el amparo en revisión. El pronunciamiento abordará la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido, relacionándola con los derechos a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad.
La ministra Loretta Ortiz señaló que el caso exige analizar si el Estado puede imponer, constitucionalmente, la muerte natural como única opción. Esto incluye situaciones donde una persona, ejerciendo su autonomía y conciencia individual, busca decidir libre e informadamente sobre el fin de su vida para evitar sufrimiento físico o emocional prolongado. El estudio también comprende el interés legítimo para impugnar normativas sanitarias y penales, dado que la mujer argumenta que se condiciona y limita la posibilidad de construir un proyecto de vida y muerte.
La decisión del máximo tribunal conlleva implicaciones significativas en:
- Ámbito ético
- Esfera jurídica
- Sector sanitario
- Sistema penal
Estos impactos se relacionan particularmente con el consentimiento informado, la autonomía médica, la libertad de conciencia, los cuidados paliativos y la protección de personas en situación de vulnerabilidad. Tras esta determinación, el caso será turnado a un ministro para la elaboración de un proyecto de sentencia que se debatirá en el Pleno.
